La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrará este martes 12 de agosto su última sesión plena, marcando el cierre de un periodo de 30 años donde resolvió casos emblemáticos como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la liberación de Florence Cassez. El máximo tribunal concluye su gestión con tensiones políticas, cuestionamientos públicos y una renovación que hereda desafíos en operación interna, legitimidad y comunicación con la sociedad.
En esta sesión histórica, los ministros podrían resolver el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez vs México, relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Las familias afectadas y sus representantes legales solicitaron formalmente a la ministra presidenta Norma Piña que este asunto fuera incluido en la agenda final, argumentando su relevancia nacional. El expediente aparece como el penúltimo punto a tratar en la sesión.
Este cierre de etapa ocurre en un contexto de transformación para el Poder Judicial Federal, que enfrenta el reto de integrar a más de 800 jueces y magistrados recién electos mediante el nuevo mecanismo de elección ciudadana. Expertos consultados destacan la urgencia de garantizar su capacitación para conducir procesos orales con solvencia, ante una renovación masiva que dejó atrás el sistema tradicional de concursos públicos y formación en la Escuela Judicial.
Abraham Solís, constitucionalista y exfuncionario de la SCJN, señala que la institución deja un sentimiento de desolación entre sus integrantes, quienes se sintieron poco respaldados frente a presiones políticas y sociales. Critica especialmente la incapacidad del tribunal para comunicar el valor de sus resoluciones a la ciudadanía, lo que permitió que la narrativa pública se centrara en privilegios laborales en lugar de logros jurídicos.
Entre los pendientes que hereda la nueva Corte se encuentran casos tributarios de grandes empresas señaladas por evasión fiscal, así como controversias en sectores estratégicos como telecomunicaciones y energía. Los especialistas coinciden en que el mayor desafío será recomponer el ánimo interno y establecer un esquema de trabajo coordinado, particularmente cuando las futuras presidencias del tribunal durarán sólo dos años – un periodo que, advierten, podría incentivar protagonismos en lugar de una visión institucional.
El recién creado Tribunal de Disciplina Judicial emerge como otro elemento clave, al deber vigilar no sólo casos de corrupción sino también la conducta pública de los integrantes del poder judicial. Cualquier controversia en este ámbito podría erosionar aún más la percepción ciudadana sobre la institución, ya debilitada por el escándalo de los “acordeones” durante el proceso de selección de nuevos jueces.
Mientras la SCJN se prepara para esta sesión final, organizaciones civiles y medios de comunicación han sido convocados a dar seguimiento a una jornada que marcará el término de una era jurisprudencial. El caso sobre prisión preventiva oficiosa representa particular interés, al tratarse de la primera sentencia internacional que ordena una reforma constitucional en México.
La renovación del máximo tribunal ocurre en un momento donde deberá equilibrar experiencia jurídica con nuevas perspectivas, demostrar independencia frente al Ejecutivo y, sobre todo, recuperar la confianza ciudadana a través de una comunicación clara sobre el impacto social de sus decisiones. Los resultados de esta transición definirán si la SCJN logra reivindicar su papel como garante último de los derechos fundamentales en México.
