El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó como “extrajudiciales” e “inaceptables” los ataques de Estados Unidos contra supuestas “narcolanchas” cerca de las costas de Venezuela, advirtiendo que tales acciones “debilitan el derecho internacional”, según una entrevista publicada el viernes en el semanario italiano L’Espresso.
“En mi opinión, estas operaciones extrajudiciales son inaceptables porque debilitan el derecho internacional”, afirmó Sánchez. “Poner en cuestión el derecho internacional es nuevamente preocupante”, añadió, al tiempo que insistió en que estas acciones alimentan críticas sobre “la incoherencia de Occidente cuando se habla del doble rasero”. El jefe del Ejecutivo español sostuvo que “tenemos que encontrar caminos para el diálogo y para una resolución pacífica de esta crisis”.
Los ataques forman parte del despliegue estadounidense en el Caribe, descrito como la operación “Southern Spear”, que desde septiembre ha ampliado el perímetro de actividades militares de Washington en la región bajo el argumento de combatir redes de narcotráfico con vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. Las acciones de Estados Unidos —que incluyen ataques de precisión contra embarcaciones sospechosas— forman parte de una campaña más amplia que también ha derivado en la incautación de buques petroleros frente a la costa venezolana, en el marco de la presión sancionatoria sobre Caracas.
La respuesta internacional a estas operaciones ha sido dispar. Amnistía Internacional consideró que la campaña militar “constituye una discriminación flagrante” cuando se dirige contra personas sin un proceso judicial, y denunció ejecuciones “al margen de la legislación internacional”. Expertos de la ONU han advertido asimismo que los ataques a embarcaciones en el Caribe pueden configurar ejecuciones extrajudiciales si no se ajustan a los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
La Administración Trump ha vinculado estas acciones al combate al narcotráfico y, más recientemente, a la interrupción de redes de financiamiento ilícito provenientes de petróleo sancionado, como evidenció la reciente incautación de un petrolero venezolano y los planes para detener más naves. Dichas medidas han generado críticas bipartidistas en el Congreso estadounidense por el riesgo de escalada.
En España, la oposición y parte de la prensa conservadora han cuestionado la política exterior del Ejecutivo, pero el gobierno socialista ha reiterado que su postura prioriza el respeto a la legalidad internacional. Sánchez ya había apelado al derecho internacional en foros regionales para expresar reparos a acciones unilaterales que no cuenten con cobertura jurídica clara, una línea que ahora extiende a la campaña estadounidense contra las “narcolanchas”.
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa ofrecieron comentarios inmediatos sobre las declaraciones de Sánchez. En Caracas, el gobierno de Maduro ha denunciado la operación como una violación de su soberanía y un acto de “piratería” cuando involucra cargamentos de crudo; Washington sostiene que las medidas pretenden desmantelar redes criminales y sancionadas.
