El empresario multimillonario Ricardo Salinas Pliego acudió hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una denuncia formal contra el Estado mexicano, alegando una “persecución política en su contra iniciada en 2023” que, según él, busca restringir su libertad de expresión.
El dueño de TV Azteca presentó sus quejas ante Pedro Vaca, el relator especial para la libertad de expresión del organismo regional, atribuyendo las acciones al “Estado mexicano”.
De acuerdo con un comunicado emitido por Grupo Salinas, el magnate presentó la denuncia con el objetivo de que la CIDH “declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición que restauren la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en nuestro país”.
En su petición, Salinas Pliego señaló que sus empresas fueron blanco de una “persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada” que, según su versión, está destinada a “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”.
El empresario también acusó a los medios de comunicación estatales y a las vocerías oficiales del gobierno –incluyendo las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor Andrés Manuel López Obrador– de realizar ataques en su contra para dañar su reputación “con el objetivo de silenciar la disidencia”. Esta acción se enmarca en lo que el comunicado describe como una campaña del empresario ante lo que percibe como oficialismo.
Respecto al conflicto fiscal de larga data con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el comunicado de Grupo Salinas indicó que Salinas Pliego aseveró que “a pesar de su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado ha respondido con negativas y trato discriminatorio, evidenciando un fin coercitivo y no recaudatorio”. Esta declaración hace referencia a los créditos fiscales multimillonarios que el SAT determinó a sus empresas hace más de una década, por operaciones contables fraudulentas realizadas hace varios lustros.
El comunicado corporativo no incluyó mención sobre el extenso historial legal asociado a estos créditos fiscales. Durante más de una década, las empresas de Grupo Salinas presentaron decenas de amparos y recursos legales para evitar el pago. En múltiples ocasiones, el propio Salinas Pliego declaró que no pagaría al SAT. Esta larga batalla legal llegó en distintas ocasiones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual cerró definitivamente el asunto el pasado 13 de noviembre, con una orden que obliga al conglomerado a pagar lo adeudado.
La ruptura pública de Salinas Pliego con el expresidente López Obrador y su posterior posicionamiento como uno de los detractores más críticos de la llamada Cuarta Transformación se originó a raíz de este diferendo con el SAT. Desde entonces, el magnate ha dirigido ataques constantes contra este proyecto político a través de sus redes sociales y de los noticieros de TV Azteca, cadena de la cual es propietario.
