El Reino Unido suspendió el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe desde hace más de un mes. La decisión, confirmada por fuentes citadas por CNN el pasado mes de octubre, se tomó porque Londres considera ilegales los ataques militares estadounidenses que han causado la muerte de 76 personas desde septiembre.
Según fuentes familiarizadas con el asunto, el Reino Unido ha decidido interrumpir la colaboración con su principal aliado y socio histórico en materia de inteligencia, debido a las crecientes preocupaciones sobre la legalidad de las operaciones militares estadounidenses en América Latina. La medida representa un distanciamiento significativo en la cooperación entre ambos países, especialmente en la lucha contra el narcotráfico marítimo en el Caribe.
Durante años, el Reino Unido ha colaborado con Estados Unidos proporcionando datos obtenidos desde sus bases de inteligencia en territorios caribeños bajo su control. Esa información permitía a la Guardia Costera estadounidense localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas, detenerlas y realizar arrestos e incautaciones. La inteligencia británica se canalizaba a través del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur (JITAS), con sede en Florida, un organismo que reúne a representantes de varios países aliados con el objetivo de reducir el tráfico de drogas en la región.
Sin embargo, después de que Estados Unidos comenzara a lanzar ataques letales contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en septiembre, el Reino Unido expresó su preocupación de que los datos que compartía pudieran estar siendo utilizados para seleccionar objetivos militares. De acuerdo con las fuentes citadas por CNN, funcionarios británicos consideran que esos ataques violan el derecho internacional y constituyen ejecuciones extrajudiciales.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ya había declarado en octubre que los ataques estadounidenses en el Caribe contravenían el derecho internacional. Londres comparte esa interpretación, lo que llevó a las autoridades británicas a suspender el flujo de inteligencia hacia sus contrapartes estadounidenses.
Ni la embajada del Reino Unido en Washington ni la Casa Blanca respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del Pentágono señaló a CNN que el Departamento de Defensa “no comenta asuntos de inteligencia”.
Hasta antes de septiembre, las operaciones antidrogas en la región eran dirigidas por las fuerzas del orden y la Guardia Costera estadounidense. En ese contexto, las personas detenidas eran tratadas como delincuentes con derecho a un debido proceso, un enfoque con el que el Reino Unido colaboraba activamente. Pero la administración Trump cambió de estrategia al considerar que los presuntos narcotraficantes representan una amenaza inminente para Estados Unidos y pueden ser atacados como “combatientes enemigos” dentro de un “conflicto armado” declarado contra el narcotráfico.
Un memorándum enviado por la administración al Congreso, respaldado por una opinión clasificada de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, sostiene que estas acciones se ajustan al Derecho de los Conflictos Armados, que busca proteger a los civiles durante conflictos militares. Sin embargo, varios expertos legales citados por CNN afirman que este marco jurídico no autoriza el uso indiscriminado de la fuerza letal contra civiles sospechosos de delitos comunes, incluso si pertenecen a cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras.
Según la investigación de CNN, algunas de las embarcaciones atacadas por fuerzas estadounidenses no representaban una amenaza inmediata, ya que estaban detenidas o cambiando de rumbo al momento del impacto. Este detalle cuestiona el argumento oficial de que los ataques eran necesarios para neutralizar peligros inminentes.
La polémica también ha generado tensiones dentro del propio ejército estadounidense. El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, presentó su renuncia tras expresar dudas sobre la legalidad de los ataques en una reunión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Holsey dejará su cargo en diciembre, apenas un año después de asumir la dirección del Comando Sur, según informó CNN.
Fuentes internas del Departamento de Defensa también señalaron que varios abogados especializados en derecho internacional manifestaron preocupación por la falta de base legal de la campaña militar. No obstante, el portavoz del secretario Hegseth negó que existan objeciones formales dentro del equipo jurídico de defensa.
Canadá, otro aliado histórico de Estados Unidos en la región, ha tomado una postura similar a la británica. Aunque continúa colaborando con la Guardia Costera estadounidense bajo el marco de la Operación Caribe, ha dejado claro que su información de inteligencia no podrá ser utilizada para seleccionar objetivos de ataques letales.
Un portavoz de defensa canadiense declaró que las actividades de las Fuerzas Armadas Canadienses en la región son “independientes y distintas” de las operaciones militares estadounidenses. La aclaración busca mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad sin comprometer el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
La decisión del Reino Unido marca un punto de inflexión en la cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos, que enfrenta críticas tanto de aliados como de expertos legales. Aunque Washington sostiene que sus acciones se enmarcan dentro de su lucha global contra el narcotráfico y el terrorismo, Londres y Ottawa han dejado claro que no participarán en operaciones que consideren violatorias del derecho internacional.
