El ministro Javier Laynez Potisek, quien concluye su periodo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este 31 de agosto, calificó como “un error histórico” la reforma judicial de 2024 promovida por el gobierno federal. El juzgador coahuilense advirtió que México podría enfrentar condenas internacionales por esta modificación constitucional que, a su juicio, destruyó la carrera judicial y amenaza la independencia del Poder Judicial.
Desde su oficina en el edificio de la Corte, con estantes semivacíos por su próxima salida, Laynez defendió el trabajo de la SCJN durante los últimos 30 años, fortalecida según él por la reforma de 1994 durante el gobierno de Ernesto Zedillo. “Yo no soy opositor al gobierno, ni éste ni ninguno. Lo que sí es que creo que en esta reforma se equivocaron y nos va a costar mucho, mucho como país”, afirmó el ministro, quien anticipa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría eventualmente condenar a México por esta modificación.
El ministro saliente destacó como logros fundamentales de esta etapa las sentencias con perspectiva de género, sobre matrimonio igualitario, aborto y derechos laborales, pero reconoció pendientes importantes como tres juicios de Grupo Salinas que impugnan créditos fiscales por casi 35 mil millones de pesos.
Laynez expresó especial preocupación por la situación de los más de 800 jueces y magistrados que dejarán sus cargos debido a la reforma: “nada sustituye años y años de preparación y experiencia”. Criticó duramente el modelo de elección popular de juzgadores, que considera incompatible con una función técnica e imparcial, pues obliga a hacer campaña y asumir compromisos políticos.
Sobre su propio nombramiento en 2015, recordó que fue propuesto por Enrique Peña Nieto cuando se desempeñaba como procurador fiscal, aunque aseguró que mantuvo su independencia: “Todos los presidentes perdieron juicios en la Corte, y ganaron… todos”.
El ministro advirtió que la SCJN heredará más de mil asuntos pendientes a la nueva integración, incluyendo los complejos casos de Grupo Salinas donde, denunció, se han utilizado “chicanas” legales para retrasar las resoluciones. Reveló que dejarán un plan de riesgos administrativos para garantizar la continuidad de funciones básicas como el pago de nóminas, aunque criticó que no se haya completado el nombramiento del nuevo Órgano de Administración Judicial.
Sobre los nuevos ministros electos en junio, Laynez evitó prejuzgarlos individualmente pero cuestionó el proceso: “La elección se ganó con apoyos… igual ellos acreditarán que, a pesar de eso, son independientes”. Destacó que la participación fue de apenas 13% con hasta 20% de votos nulos.
Como balance final, el ministro reconoció que la Corte falló en comunicar mejor sus logros: “pecamos de prudencia” al no contrarrestar lo que considera una campaña de desprestigio. Sin embargo, rechazó que la corrupción haya sido generalizada en el Poder Judicial, insistiendo en que se trata más de percepción que de realidad.
