Después de la primera elección judicial, las actas computadas alcanzan más del 95 por ciento, por lo que los puestos para la Suprema Corte se encuentran prácticamente definidos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, enumeró a los 9 candidatos que conformarán los ministros y ministras electos una vez que sean validados los resultados el próximo 15 de junio.
La Corte estará conformada por las cinco mujeres y cuatro hombres con más votos. Actualmente estas candidatas son Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra en el caso de las mujeres, y Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Azael Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García, en el caso de los ministros.
Actualmente se encuentran computadas 96.34 por ciento de las actas, al momento de la redacción de esta nota y con corte a las 2:50 de la tarde del día 3 de junio de 2025.
¿Quiénes son los nuevos ministros de la Suprema Corte?
Hugo Aguilar (con 5.3285 por ciento)
Encabezando la elección con mayoría de votos, tiene las más altas probabilidades de ocupar el puesto de presidente de la Suprema Corte, como dijo la consejera presidenta del INE durante la conferencia de hoy.
Aguilar es abogado con origen mixteco con una larga carrera en defensa de los derechos de los pueblos originarios. Es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para la licenciatura y también en la maestría en Derecho Constitucional. Su cargo más reciente es como coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Entre sus propuestas se incluye el impulso de una función jurisdiccional en territorio “incorporando visitas situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos” además de la contextualización de la realidad de las personas.
Lenia Batres Guadarrama (con 4.9760 por ciento)
Lenia Batres es abogada y ministra en funciones de la SCJN. Fue nombrada ministra en 2023 bajo el impulso del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su candidatura buscó continuar con su cargo en la Corte. Identificada como una de las principales impulsoras de la reforma judicial, tiene una amplia carrera en cargos públicos.
Previo a su trabajo como ministra, entre su experiencia se encuentra el cargo de consjera adjunnta de Legislación y Estudios Normativos en el Gobierno Federal durante 2021 al 2023, asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como su participación como asesora de la jefa delegacional de Tlalpan.
La familia de Batres se encuentra presente en la política mexicana; su hermano, Martí Batres fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y cuenta actualmente con la titularidad del ISSSTE; su hermana Valentina Batres, fue diputada local de la Ciudad de México.
Se le identificaba como la otra candidata probable a ocupar la presidencia de la SCJN, por lo que de alcanzar a Aguilar en el último momento de la elección, sería la siguiente candidata con más votos.
Entre sus propuestas asegura que el Poder Judicial debe contribuir a combatir la injusticia de la sociedad, puesto que “nadie puede ejercer derechos y libertadas individuales si no tiene resueltas sus necesidades básicas”.
Yasmin Esquivel Mossa (con 4.4557 por ciento)
Licenciada en Derecho por la UNAM cuenta con estudios de especialización en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero mexicano, Yasmin Esquivel busca continuar como ministra de la Suprema Corte desde su nombramiento en 2019.
La virtual futura ministra ha ocupado diversos cargos en el ámbito judicial con una trayectoria de casi 40 años. Entre estos cargos se encuentran la presidencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, representante de la Suprema Corte de Justicia ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF, entre otros.
De acuerdo con su perfil de la Suprema Corte, se ha enfocado en la defensa y promoción de los derechos humanos, específicamente para grupos vulnerables. La carrera de la ministra Esquivel se vio envuelta en una polémica después de que fuera acusada de cometer plagio en su tesis de licenciatura; la investigación que tenía activa la UNAM fue suspendida en diciembre del año pasado.
Aunque se encuentra en el tercer puesto, es la segunda mujer con más votos entre las candidatas.
Entre sus propuestas se encuentra la modernización de infraestructuras y agilizar procesos en el sistema judicial, “asegurando que cada decisión y actuación cumpla con los más altos estándares éticos para fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que consoliden la confianza en la justicia”.
Loretta Ortiz Ahlf (con 4.2523 por ciento)
Licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos, Loretta Ortiz es también ministra de la SCJN nombrada en 2021. Fue consejera del Consejo de la Judicatura Federal, diputada federal en la Cámara de Diputados, directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, entre otros cargos.
Loretta Ortiz es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III, y ha sido profesora en varias ocasiones.
Entre sus propuestas se encuentra la atención a audiencias en distintos municipios y localidades del país conforme a un plan de trabajo para propiciar la proximidad social y la contextualización de las problemáticas locales.
María Estela Ríos González (con 3.9817 por ciento)
Licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Políticas por la UNAM, se ha enfocado en materia de derecho laboral. Fue consejera jurídica en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador frente a su administración de la Ciudad de México. Actualmente es directora general de Derecho Parlamentario Comparado y Sistematización Jurídica en el Instituto Belisario Domínguez.
Fue consejera jurídica del Ejecutivo Federal desde 2021 hasta 2024, directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario del 2018 al 2021.
Entre sus propuestas se encuentra la promoción de la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales para que todas las personas involucradas no pierdan el tiempo pero tengan acceso a certeza jurídica.
Giovanni Azael Figueroa Mejía (con 3.0567 por ciento)
El futuro ministro de la corte es un abogado y académico mexicano. Originario de Nayarit, cursó su licenciatura en la universidad autónoma del estado mientras que su maestría y doctorado en Derecho Constitucional las obtuvo por la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, antes fue asesor adscrito a la Coordinación General de Asesores de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Entre sus propuestas se encontraba el diálogo con los demás poderes para fortalecer el estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, la integración igualitaria en la Suprema Corte y el impulso de una justicia “de puertas abiertas”.
Irving Espinosa Betanzo (con 2.9619 por ciento)
Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derecho por la misma institución. Desde el 2019 era magistrado de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior, y presidente de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Anteriormente fue asesor en la Secretaría de la Mesa Directiva, del grupo parlamentario de Morena a cargo de la Diputada Ernestina Godoy en la Cámara de Diputados; secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.
Entre sus propuestas se encuentra garantizar el acceso a la información y rendición de cuentas para favorecer el combate a la corrupción, así como la cercanía de la Corte con la ciudadanía.
Aristides Rodrigo Guerrero García (con 2.9412 por ciento)
Es licenciado en Derecho por la UNAM con especialidad en derecho constitucional; cuenta con una maestría y un doctorado en la misma institución. Fue comisionado presidente del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México del 2018 al 2024, director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como titular de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores en el mismo tribunal.
Entre sus propuestas, se encuentra una justicia “cercana y transparente” que debe “salir de sus oficinas y acercarse al pueblo”. Además, propone la creación de la “Corte Itinerante” que lleve sesiones públicas a universidades, plazas y comunidades marginadas.
Sara Irene Herrerías Guerra (con 2.6881 por ciento)
Licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, actualmente es fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 2019.
Anteriormente fue subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicio a la Comunidad de la extinta Procuraduría General de la República; procuradora social de Atención a Víctimas de los Delitos, y la titularidad de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Entre sus propuestas se encontraba la utilización de un lenguaje accesible en los procesos jurídicos, pues “las sentencias deben ser claras, sencillas y accesibles para las personas a quienes van dirigidas”.
El próximo 15 de junio se declarará la validez de las elecciones además de que se darán las constancias de mayoría de los candidatos ganadores, de acuerdo con lo dicho por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien aseguró que que “no hay espacio para dudas ni manipulaciones” en el proceso electoral gracias a la transparencia de los procesos.
Foto de portada: @YasminEsquivel_ via X / @LeniaBatres via X
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