Un grupo de 133 ex trabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realiza una protesta este jueves frente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ubicada en Insurgentes Sur, Ciudad de México, para exigir el pago de indemnizaciones prometidas tras la extinción del IFT el 17 de octubre de 2025, medida que dejó sin empleo a personal de libre designación a pesar de su estabilidad laboral y derechos constitucionales.
El 17 de octubre pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue oficialmente extinguido como parte de un proceso de “simplificación orgánica” impulsado por el gobierno federal. La medida dejó en el limbo laboral a cientos de servidores públicos, especialmente a 133 trabajadores de mando de libre designación que realizaban funciones operativas y administrativas, quienes hasta la fecha no han recibido las indemnizaciones que por ley les corresponden.
Los manifestantes señalan que esta omisión viola derechos laborales y constitucionales, al tiempo que genera incertidumbre jurídica y económica para sus familias. “Actualmente muchos de los afectados están desempleados, sin ingresos, sin seguridad social y sin certidumbre jurídica”, explican los representantes del grupo. La protesta, que incluye cierres viales en Insurgentes Sur, busca visibilizar esta situación ante la autoridad sucesora del IFT, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Controversia por interpretación legal
El conflicto se centra en la interpretación del artículo noveno transitorio sobre indemnizaciones, que algunos legisladores y el Pleno del IFT han limitado a personal de concurso, dejando fuera al personal de libre designación, a pesar de que estos trabajadores cumplían con estabilidad laboral.
El Pleno del IFT reconoció que la estabilidad aplicaba a todos los integrantes del Sistema de Servicio Profesional del instituto, excepto al personal eventual. Sin embargo, el argumento para excluir a los 133 afectados se basó en una tesis aislada del Poder Judicial de 2016, que distingue entre personal de carrera y trabajadores de libre designación en cargos de alta dirección con confianza política, situación que no corresponde al caso de los manifestantes, quienes laboraban en niveles de mando operativo y administrativo.
El pago de indemnizaciones para estos 133 servidores públicos representa menos del 5% del monto total del Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento del IFT, fondo autorizado para cubrir estas obligaciones. Equivale además a 28 días del costo de operación anual del instituto, considerando el presupuesto aprobado en 2025 de 500 millones de pesos.
Existen precedentes en otros organismos extintos, como INAI, MEJOREDU, COFECE y PJF, donde los trabajadores de libre designación sí recibieron indemnizaciones completas, lo que refuerza la postura de los ex empleados del IFT de exigir sus derechos.
José Antonio Peña Merino, conocido como Pepe Merino y titular de la Agencia de Tecnologías Digitales y Telecomunicaciones (ATDT), ha mostrado sensibilidad hacia los trabajadores afectados. Fuentes cercanas indican que ha expresado su intención de atender la situación y garantizar los derechos de quienes menos ingresos perciben.
“Pepe Merino ha demostrado empatía y comprensión hacia las familias que hoy enfrentan incertidumbre laboral. El capital humano del IFT no son cifras, sino especialistas que contribuyeron durante más de una década a mejorar la competencia y el acceso a telecomunicaciones en México”, comentan representantes de los manifestantes.
El IFT, antes de su extinción, jugó un papel central en la regulación de las telecomunicaciones en México, logrando reducir costos de telefonía, ampliar el acceso a internet y fortalecer la competencia en el sector. La protesta de sus ex trabajadores subraya la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes contribuyeron al desarrollo del sector y la necesidad de garantizar justicia laboral incluso tras la desaparición de un organismo público.
El reclamo también tiene implicaciones sociales, ya que afecta la estabilidad económica de 133 familias y genera un precedente sobre la interpretación de los derechos laborales de servidores públicos en instituciones que son transformadas o extinguidas por decisiones gubernamentales.
