El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un estado de sitio por treinta días en todo el territorio nacional para “garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos”, como respuesta inmediata a una serie de ataques de pandillas contra la Policía Nacional que dejaron al menos ocho agentes muertos. La medida, anunciada en cadena nacional, faculta al Estado a utilizar toda su fuerza contra estos grupos considerados terroristas y sigue a motines en tres centros penitenciarios.
“He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por treinta días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos”, informó Arévalo. El mandatario agregó que esta determinación “permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala contra las pandillas y las maras, e impedir sus acciones terroristas”. Aseguró que la medida no afecta la vida cotidiana de los ciudadanos ni las actividades normales de las instituciones.
Los hechos que motivaron la declaratoria ocurrieron este domingo, cuando integrantes de pandillas asesinaron a ocho policías en varios ataques coordinados realizados en la capital guatemalteca y localidades aledañas. “Han sido atacados cobardemente por estos terroristas”, señaló el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Según el funcionario, además de los fallecidos, hay otros 10 policías heridos, un presunto pandillero muerto y varios detenidos.
Esta medida extraordinaria se produce en el marco de motines de integrantes de pandillas registrados en tres penales, los cuales, según el gobierno, ya se encuentran bajo control. El mandatario anunció que la policía tomó el control de estas tres cárceles, donde los pandilleros mantenían retenidas a 46 personas desde el sábado.
Los amotinados exigían que los líderes de estos grupos criminales fueran trasladados a penales con menores medidas de seguridad. “Se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles donde se habían amotinado los criminales”, afirmó Arévalo, señalando que ahora los pandilleros “están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley”.
El estado de sitio, que ahora debe ser ratificado por el Congreso guatemalteco de mayoría opositora, permitirá al gobierno suspender algunas garantías constitucionales específicamente para combatir a las pandillas Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13). Ambos grupos están considerados como “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, y son acusados de delitos como sicariato, extorsión y tráfico de drogas. Con la medida, se suspenden temporalmente derechos como la libre reunión y manifestación, y se permite a las fuerzas de seguridad realizar detenciones e interrogatorios sin necesidad de una orden judicial previa.
Como consecuencia inmediata de la ola de violencia y la declaratoria presidencial, la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta para su personal, pidiéndole que se refugie y evite las multitudes como medida de precaución. Paralelamente, el gobierno guatemalteco ordenó la suspensión de las clases en todo el país para el día lunes, con el fin de prevenir riesgos y facilitar las operaciones de las fuerzas del orden en las calles.
La situación coloca al presidente Arévalo, quien asumió el cargo prometiendo un enfoque renovado en seguridad y justicia, ante uno de los mayores desafíos de su mandato hasta la fecha. El estado de sitio representa la herramienta de excepción más contundente disponible en el marco legal guatemalteco para responder a una amenaza a la seguridad interna.
Los próximos días serán cruciales para evaluar la efectividad de las operaciones militares y policiales contra las estructuras de las pandillas, así como la reacción del Congreso al requerimiento de ratificación de la medida. La población permanece a la expectativa, mientras las fuerzas de seguridad despliegan un operativo a nivel nacional bajo el nuevo marco legal de excepción.
