Por Enrique Hernández Alcazar
Hoy se cumplen tres meses del doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada. Y justo para la efeméride, la Jefa de Gobierno anunció la detención de 13 personas presuntamente vinculadas a este crimen. “Tres de ellas participaron directamente en el homicidio”, dijo. El resto, en la planeación y logística “del evento”.
El 20 de mayo de 2025, ambos fueron asesinados en circunstancias que siguen envueltas en sombras. 92 días después, el saldo es que hay detenidos pero no hay móvil. Y sin móvil no hay verdad. Porque detenciones no son sinónimo de justicia.
Apenas ayer, en paralelo a esta investigación, surgió un anuncio millonario: 30 mil 400 nuevas cámaras de vigilancia y 15 mil 200 tótems para convertir a la capital en “la ciudad más videovigilada de América”. La paradoja no podría ser más evidente.
Mientras las familias de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz esperan más que respuestas, el aparato gubernamental se calienta en megapíxeles. “Ojos que te cuidan”, se llama el programa. Pero ¿a quién cuidan esos ojos? ¿A los ciudadanos que siguen esperando justicia? ¿A los colaboradores que murieron trabajando para una administración que hoy invierte 345 millones de pesos en ver más, pero no en entender mejor?
La narrativa oficial es simple: más cámaras, más seguridad. Pero la realidad es otra: más cámaras, más simulacro. En esta ciudad, donde el crimen se mezcla con la política y la impunidad con la estética del control, la vigilancia no es garantía de justicia. Es espectáculo. Es coreografía de poder.
Brugada promete que las periferias serán “fortalecidas” con tecnología. Que los tótems tendrán cámaras fijas y móviles, capaces de hacer zoom, girar, vigilar. Pero ¿de qué sirve ver si no se actúa? ¿De qué sirve grabar si no se investiga? ¿De qué sirve tener 113 mil 814 cámaras si el doble asesinato de dos funcionarios públicos sigue sin esclarecerse?
La respuesta institucional es una cortina de cables: una arquitectura de vigilancia que no responde a los muertos, sino a los vivos que gobiernan. Porque en esta ciudad, la seguridad se mide en megapíxeles, no en justicia. Y el silencio sobre el crimen se maquilla con anuncios de infraestructura.
La mandataria también busca acuerdos con ciudadanos para acceder a sus grabaciones privadas. Una especie de crowdsourcing de la vigilancia. Pero ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién garantiza que esta red de ojos no termine siendo una red de omisiones?
El titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, presume que cada tótem tendrá cámaras de “última generación”. Pero no hay generación más obsoleta que la que normaliza el asesinato político como parte del paisaje urbano. Ninguna tecnología compensa la falta de voluntad para responder a la pregunta central: ¿por qué los mataron?
Hoy, Clara Brugada se presenta como la jefa de una ciudad hipervigilada. Pero también como la jefa de una ciudad donde el asesinato de dos de sus colaboradores sigue envuelto en silencio y opacidad.
La pregunta no es cuántas cámaras necesitamos. La pregunta es por qué, con tantas cámaras, y ahora con trece detenidos, seguimos sin saber el móvil del crimen. Y la respuesta, aunque pixeleada, se intuye: en esta ciudad la vigilancia es espectáculo, pero la justicia sigue estando fuera de cuadro.
Las familias de Ximena y Pepe siguen esperando.
