Esta semana conversé con Zerdyk Raziel y Georgina Zerega en W Radio. Su reciente publicación Licencia para robar no es una novela negra, aunque tiene todos los ingredientes para serlo: desfalcos multimillonarios, redes de complicidad, silencios institucionales y un protagonista que se repite como mal chiste en la historia reciente de México: Ignacio Ovalle.
Ovalle no es un personaje menor. Fue el operador de Raúl Salinas en Conasupo, el arquitecto de una maquinaria de corrupción que se tragó miles de millones en los noventa. Bajo el disfraz de Segalmex, repitió el guión durante el primer gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”. Así como el clan Salinas lo protegió en los años noventa, hoy lo cubre el manto tabasqueño. ¿Por qué? Porque Ovalle no es cualquier funcionario: es el padrino político de López Obrador, el que le dio su primera chamba, el que lo introdujo al aparato. El que, al parecer, tenía licencia para robar.
La investigación periodística de Raziel y Zerega no se anda con rodeos. Documenta cómo Segalmex se convirtió en el epicentro de uno de los mayores fraudes del sexenio. Más de 15 mil millones de pesos evaporados entre contratos fantasmas, empresas fachada y triangulaciones. El doble de lo que se robaron con la Estafa Maestra en el gobierno de Peña Nieto. Una trama digna de una serie de Netflix. Pero aquí no hay ficción. Hay nombres, hay documentos, hay omisiones. Y hay una pregunta que retumba: ¿por qué Ovalle no ha caído?
La respuesta es incómoda: la lucha contra la corrupción en la 4T es de pura saliva. Se persigue a los corruptos sólo si son ajenos a la causa. A los compadres y padrinos, no. Ovalle encarna esa contradicción: es el espejo roto de un discurso que se desploma cada vez que se le exige coherencia.
¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la cárcel que tanto se prometió para los saqueadores del pueblo? No están. Porque Ovalle fue el protegido del tabasqueño. Cómo Adán Augusto, como Felipe Calderón, ¿el presidente de Macuspana no sabía nada de la corrupción en la dependencia que le encargó a su padrino?
Licencia para robar no sólo desnuda el fraude. Desnuda el pacto. El pacto de impunidad que atraviesa sexenios, partidos y discursos. El pacto que permite que los mismos nombres sigan apareciendo en los mismos escándalos, en diferentes sexenios, con diferentes colores partidistas pero con los mismos resultados: la corrupción nuestra de cada día.
Segalmex no es un error. Es un síntoma. Es el Conasupo de la 4T. Y Ovalle, su operador eterno. Mientras tanto, la presidenta hoy sigue hablando de honestidad, de humildad y del bienestar del pueblo. Pero de Segalmex, nada. El caso yace bajo la alfombra que guarda los polvos y la suciedad que no se revisará en este sexenio. Y el país seguirá esperando que la justicia deje de ser selectiva.
Pero hay más. El fraude de Segalmex no fue sólo financiero: fue político, fue moral. Se usó el hambre como coartada. Se prometió leche, maíz, arroz, bienestar. Y lo que llegó fue saqueo. Se firmaron contratos para comprar toneladas de azúcar que nunca llegaron. Se pagaron millones por fertilizantes que jamás se distribuyeron. Se trianguló dinero público a empresas sin empleados, sin oficinas, sin historia. Y todo bajo el sello de “justicia social”.
El caso involucra a más de 60 funcionarios, pero sólo unos cuantos han sido detenidos. Los más vulnerables, los mandos medios, los sacrificados para salvar a los machuchones. La mayoría sigue libre, operando en el gobierno de Sheinbaum, cobrando del erario.
Y qué esperar, si Ovalle fue removido de Segalmex para ser enviado por AMLO a Gobernación, en una oficina menor y sin reflectores. Pero nunca fue tocado ni con el pétalo de una carpeta de investigación. Como si el fraude hubiera ocurrido sin él. Como si el director de orquesta no supiera qué música se tocaba.
Y mientras tanto, el discurso presidencial sigue blindado. ‘No somos iguales’, repite López Obrador. Pero los hechos lo contradicen: sí son iguales. Porque Ovalle ya lo hizo antes. Porque el hambre sigue siendo negocio. Porque la impunidad sigue siendo sistema. La 4T no erradicó la corrupción: la recicló con nuevos colores y viejos operadores.
