*Cuando las cifras bajan por decreto, la violencia no desaparece: se esconde en las estadísticas, en los expedientes y en los cuerpos que ya no cuentan.
Por: Enrique Hernández Alcázar
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró esta semana una reducción de casi 40 por ciento en los homicidios dolosos en México. El dato fue presentado como prueba irrefutable de que la estrategia de seguridad funciona, de que el país avanza y de que la narrativa heredada de “abrazos, no balazos” ahora sí está dando resultados cuantificables.
Pero conviene detenerse. Mirar dos veces. Leer la letra chiquita. Porque en seguridad pública, como en la contabilidad creativa, no todo lo que baja necesariamente mejora.
El problema no es solo qué se mide, sino cómo se mide. Y sobre todo, qué se deja fuera.
Desde hace meses, organizaciones civiles, académicos y periodistas han documentado un patrón inquietante: la caída estadística de los homicidios coincide con un crecimiento sostenido de personas desaparecidas y con una reclasificación sistemática de delitos violentos. Homicidios que ya no son homicidios. Asesinatos que se convierten en “lesiones”, “hechos por esclarecer” o simples carpetas inconclusas que jamás llegan al conteo final.
El caso de Sinaloa es ilustrativo y alarmante. Informes recientes revelan cómo la fiscalía estatal ha reducido artificialmente el número de homicidios dolosos al excluir de la estadística a personas heridas que mueren días después o al reclasificar asesinatos evidentes como otro tipo de delitos. No es un error administrativo. Es una decisión metodológica con consecuencias políticas. Porque cuando se maquilla el dato, se maquilla la realidad.
La ecuación es perversa pero eficaz: menos homicidios reportados, más desaparecidos sin resolver. Menos cuerpos en la estadística, más familias buscando en fosas, hospitales y morgues. El Estado presume control mientras la violencia cambia de forma, se difumina y se esconde en un limbo burocrático donde nadie rinde cuentas.
El discurso oficial insiste en que “no se manipulan cifras”. Sin embargo, los incentivos son evidentes. Gobernadores, fiscalías y mandos de seguridad saben que su evaluación depende del número. No de la verdad. No de la justicia. Del número. Y cuando el número manda, la tentación de ajustar la realidad al Excel es enorme.
No se trata de negar que existan variaciones regionales o periodos con menor intensidad letal. Se trata de advertir que una baja estadística no equivale automáticamente a una política exitosa, y que presumir resultados sin transparentar metodologías es, en el mejor de los casos, irresponsable; y en el peor, un fraude moral.
El país no necesita cifras bonitas. Necesita datos creíbles. No necesita discursos triunfalistas. Necesita diagnósticos honestos.
Porque mientras el gobierno celebra porcentajes, hay miles de desaparecidos que no entran en la gráfica. Y porque cuando el maquillaje es doloso, la verdad termina siendo la principal víctima. La violencia no siempre mata de un balazo. A veces mata en silencio, enterrada bajo una estadística conveniente.
