Claudia Sheinbaum ha dejado de ser la heredera obediente del obradorismo. Obviamente con tacto, con tiento y sin que parezca que hay rompimiento. Desde Palacio Nacional, intenta vestirse de acero y cobrar las primeras grandes facturas del desorden que su mentor le dejó como legado.
La narrativa del “país sin corrupción” se desmorona, y la presidenta lo sabe. Ya no hay margen para simulaciones. El golpe reciente contra la red de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, —uno detenido y otro con órden de aprehensión en su contra y prófugo de la justicia— marca un parteaguas: el sexenio de Sheinbaum no será un segundo piso, sino una demolición de terciopelo de los estragos del primero.
La operación, detonada por presiones diplomáticas de Estados Unidos, no sólo exhibe la red criminal que sobrevivió bajo el pañuelito blanco de utilería que sin menor empacho ondeaba AMLO en sus mañaneras para cantar el fin de la corrupción. También revela que Sheinbaum está dispuesta a sacrificar piezas del viejo ajedrez, incluso si esas piezas tienen apellidos incómodos.
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, no son cualquier ficha: son sobrinos políticos del almirante Ojeda, quien durante los últimos tres años capoteó acusaciones mediáticas sin consecuencia alguna.
Pero esta red no nació ayer. En noviembre de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado en pleno centro de Manzanillo, Colima, por dos sicarios que lo interceptaron en motocicleta y le vaciaron sus cargadores. Un integrante de la Marina muerto a quemarropa. No es algo que suela suceder con elementos de la Semar.
Se especuló entonces si el crimen estaba vinculado a decomisos de precursores químicos en ese puerto, principal entrada del comercio con China. Pero ayer, el diario Reforma reveló que Guerrero había sido quien denunció ante el almirante Ojeda la red de corrupción en las aduanas, comandada por sus propios sobrinos políticos, los Farías Laguna. La misma red que hoy empieza a desmoronarse con la detención de 14 implicados en el contrabando de combustible.
Curioso, porque en el relato dominical, el Fiscal General de la República sostuvo que fue el propio Rafael Ojeda quien denunció la red de corrupción al interior de la Marina. Y su actual titular, Raymundo Pedro Morales, defendió la reputación de su antecesor. Curioso.
Pero los golpes de este gobierno contra el sexenio obradorista no se detienen ahí. Basta recordar que en Tabasco, tierra natal del tlatoani, fue la administración Sheinbaum quien abrió la investigación sobre el grupo criminal “La Barredora” que salpica directamente a Adán Augusto López, exgobernador y exsecretario de Gobernación. El crimen organizado no solo floreció con el desorden del gobierno anterior, sino también con la permisividad de quien juró haber “separado al poder político del poder económico”.
La realidad es otra. Washington también está apretando en esta ecuación. Ya lo hizo con Alfonso Romo y su casa de bolsa Vector, acusada de lavar dinero del crimen organizado. Trump exige resultados concretos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Y Sheinbaum, que se vende como científica rigurosa, sabe que los números no mienten: el país sigue siendo un cementerio, con todo y la nueva estrategia del Batman mexicano. Un claro ejemplo: Sinaloa, donde la infiltración criminal en las instituciones está lejos de erradicarse.
La pregunta, incómoda y peligrosa, es: ¿hasta dónde piensa llegar Sheinbaum? ¿Hasta los mandos medios? ¿Hasta los chivos expiatorios de siempre que sirven para calmar a los gringos y simular limpieza? ¿O tendrá la valentía y la supervivencia política suficiente como para empujar las pesquisas hasta Palenque? ¿Llegará hasta el círculo íntimo del tlatoani que la ungió? Porque si algo queda claro en los últimos meses es que el legado de AMLO no es la pureza republicana, sino la construcción de una red de lealtades, complicidades y silencios.
Si aspira a ser una ‘Dama de Hierro’ no puede permitirse tibiezas. La presidenta enfrenta el dilema más grande de su carrera: si rompe con ese pacto de impunidad, corre el riesgo de dinamitar la estabilidad del movimiento que la llevó al poder. Y eso implica tocar a los intocables, revisar los pactos, desmantelar las redes que sobrevivieron al sexenio anterior bajo el manto de ‘la transformación’.
Si no lo hace, será devorada por la misma corrupción que juró combatir. Está en un callejón sin salida donde cada paso tiene un costo: con Estados Unidos vigilando, con el crimen organizado reconfigurando sus alianzas y con los fantasmas de la era obradorista tocando a las puertas de Palacio.
Porque si algo ha quedado claro, es que el obradorismo no erradicó la corrupción. La maquilló. La reubicó. Y ahora, Sheinbaum tiene que pagar la cuenta. Con sangre política, con rupturas internas, con decisiones que incomoden a su propio partido. El tiempo de las lealtades terminó. Empieza el tiempo de las consecuencias.
