*La pregunta incómoda no es solo si el impuesto “sirve”, sino si el Estado cumple su parte. En 2014 se prometieron bebederos escolares y acceso a agua potable; la instalación fue errática y el destino del dinero poco transparente. Sin trazabilidad, la causa saludable se vuelve coartada recaudatoria.
Por Enrique Hernández Alcazar
Llovizna fiscal con paraguas sanitario. Así nos venden en San Lázaro la nueva tanda de “impuestos saludables” del Paquete Económico 2026. Será más caro el refresco, más caro el botellazo, más caro el cigarro. ¿Funciona? Depende de dónde miremos: en el ticket, sí; en la báscula y en la glucosa, apenas. Pero ojo: el precio también es política pública.
México ya probó este camino. En 2014 se estrenó el IEPS a bebidas azucaradas y comida chatarra. ¿Qué pasó? Bajaron las compras: alrededor de 6% el primer año y casi 10% el segundo; la caída fue mayor en hogares con menos ingresos. Es decir: el precio sí empuja decisiones de consumo, aunque no convierte a nadie en nutricionista de la noche a la mañana.
Ahora, los diputados aprobaron subir fuerte el gravamen a refrescos y, por primera vez, gravar también bebidas con endulzantes no calóricos. Hacienda promete que esa bolsa irá a salud y que, de paso, la industria reducirá azúcar en sus fórmulas. Suena bien en el papel, pero ya hemos escuchado promesas similares. La experiencia mexicana enseña que la recaudación supera metas… y el etiquetado de destino se diluye en la licuadora presupuestal.
¿Subiendo el precio baja la diabetes? Los modelos y evaluaciones sugieren reducciones modestas pero reales en riesgo de obesidad y diabetes cuando el impuesto es suficiente y sostenido. Clave: que el golpe al bolsillo sea claro, que la gente tenga agua segura a la mano y que haya entorno saludable. Sin eso, el impuesto se vuelve solo una piedra en el zapato del consumidor.
Con el tabaco, la evidencia es más contundente: impuestos altos salvan vidas. Un incremento bien diseñado reduciría el número de fumadores y elevaría la recaudación; estimaciones mexicanas hablan de cientos de miles que dejarían de fumar con alzas robustas. El secreto está en que el IEPS no se congele y que se cierre el boquete del contrabando.
¿Y el alcohol? La literatura es consistente: impuestos más altos suben precios y bajan consumo y daños asociados; en México, expertos llevan años pidiendo actualizar estructura y tasas del IEPS alcohólico. El costo social del alcohol supera por mucho lo que la industria paga en impuestos.
La pregunta incómoda no es solo si el impuesto “sirve”, sino si el Estado cumple su parte. En 2014 se prometieron bebederos escolares y acceso a agua potable; la instalación fue errática y el destino del dinero poco transparente. Si hoy el gobierno asegura que cada peso extra irá a clínicas, prevención y tratamiento de diabetes e hipertensión, necesitamos reglas de etiquetado presupuestal, padrones de proyectos y auditorías públicas trimestrales. Sin trazabilidad, la causa saludable se vuelve coartada recaudatoria.
Mi veredicto: los impuestos saludables no son bala de plata, pero sí palanca poderosa si se combinan con agua segura en escuelas y barrios, compras públicas de alimentos frescos, regulación de marketing a niñas y niños, educación alimentaria y vigilancia a la evasión.
Subir el precio sin cambiar el entorno es como mandar al paciente a dieta y abrirle una dulcería en la esquina. Si esta nueva lluvia fiscal quiere ser medicina —y no solo chubasco de caja— tendrá que curar con datos, transparencia y política pública que no se endulce con excusas.
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