María Elena Pérez Jaén, diputada federal suplente del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una solicitud de juicio político en contra del senador Adán Augusto López Hernández para que sea investigado por su probable participación con el grupo criminal La Barredora durante su gestión como gobernador de Tabasco. La legisladora acudió personalmente a la oficialía de partes de la Cámara de Diputados este lunes, donde presentó la solicitud en su calidad de ciudadana, señalando presuntos nexos del coordinador de los senadores de Morena con la organización delictiva.
En declaraciones a medios de comunicación, Pérez Jaén explicó que el juicio político consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso federal que puede iniciarse a partir de la denuncia de cualquier ciudadano. La petición busca que se investigue la posible responsabilidad del senador tabasqueño durante su mandato como gobernador de Tabasco, específicamente en relación con operaciones del grupo criminal conocido como La Barredora, que opera en el sureste mexicano y está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La solicitud fue recibida por las autoridades jurídicas del Congreso durante la mañana de este lunes, marcando un nuevo capítulo en las controversias legales que rodean al senador López Hernández. El procedimiento de juicio político establece que, una vez admitida la solicitud, deberá seguirse un proceso de análisis y dictamen por parte de las comisiones correspondientes antes de determinar si existen elementos suficientes para proceder formalmente contra el legislador morenista.
Esta acción se produce en el contexto de las investigaciones federales y estatales sobre La Barredora, organización criminal que habría operado con impunidad durante la administración de Adán Augusto López en Tabasco. Recientemente, Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública durante su gobierno, fue detenido en Paraguay y vinculado a proceso por su presunta liderazgo en esta organización delictiva. La diputada Pérez Jaén argumenta que como ciudadana ejerce su derecho para solicitar que se aclaren estas posibles complicidades al más alto nivel.