*A través de un oficio, la Consejería Jurídica pidió a Piña Hernández que no se discuta el proyecto que propone anular la prisión oficiosa siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana.
Por. Arturo Angel
La Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica, solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que aplace la resolución sobre la posible anulación de la prisión preventiva oficiosa para que sea el nuevo pleno, conformado por las personas ministras votadas en la elección del 1 de junio, el que lo resuelva.
Esta petición del ejecutivo fue enviada a través del oficio número 114.CJEF.CACC.11254.2025 firmado signado por el Consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Raúl Armando Jiménez Vázquez. La oficina de la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, acusó de recibido el 29 de mayo, según documentos a los que Entorno MX tuvo acceso.
En la misiva, el funcionario requiere que el proyecto de resolución “Expediente sobre recepción de sentencias internacionales 3/2023″, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y donde se planeta inaplicar la prisión oficiosa a partir de directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea discutido hasta después del primero de septiembre.
“Dada la relevancia del criterio que se fijará en dicho expediente y atendiendo a que el 1° de septiembre de 2025 las Ministras y Ministros electos por voto popular tomarán protesta en el cargo, se solicita respetuosamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retire el proyecto de resolución listado para su estudio, discusión y eventual resolución sea realizado por la integración que derive de las elecciones que renovarán al Poder Judicial de la Federación”, indica el oficio de Jiménez Vázquez.
Este medio consultó a fuentes de la Corte si ya hubo una respuesta a dicha misiva. Tanto este proyecto como otras relacionados con el tema de la prisión oficiosa siguen atorados en las listas de espera, sin que haya una fecha para que los mismos sean atendidos.
Cabe recordar que desde 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por la implementación de la figura de la prisión preventiva oficiosa. El tribunal internacional concluyó que esta viola garantías individuales pues representa un encarcelamiento automático de personas sin sentencia solo por la presunción de que han cometido cierto tipo de delitos.
Proyectos congelados
El proyecto de Pardo Rebolledo estudia la resolución de la Corte Interamericana y propone una ruta para aterrizarla, bajo el supuesto de que se trata de una sentencia inatacable y definitiva pues proviene de un órgano internacional del que México es parte. Por ello plantea que se termine la aplicación automática de prisiones preventivas y que se opte por estudiar y justificar la necesidad de aplicarla caso por caso.
Sobre este mismo tema hay otros proyectos como el elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat respecto a la “Acción de inconstitucionalidad 49/2021″ promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas de 2019 y 2021, que ampliaron la prisión preventiva oficiosa a 45 tipos delictivos distintos.
El proyecto propone que el concepto de prisión preventiva oficiosa se “reinterprete” solo como la obligación que tendrá el juez de que se debata si es necesario aplicarla, pero ya no así de imponerla, es decir, tendrá que justificarse si es la medida adecuada.
Pese a que este y otros proyectos están listos desde principios de 2024 y aparecen en las listas de temas a resolver, en los hechos han sido constantemente pospuestos. Ello, según fuentes consultadas por este medio, ante la falta de consenso sumado entre ministros sumado a la presión pública de los gobernadores de la pasada administración federal de no modificar la prisión oficiosa.
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FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
