La estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales existentes entre ambos países. El anuncio se produce tras declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Energía, Chris Wright, sobre el control de las ventas de crudo venezolano, y en un contexto posterior a una acción militar estadounidense en Venezuela.
En un comunicado divulgado este miércoles, la empresa explicó que el proceso se desarrolla “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.
Este modelo de operación con Chevron funciona bajo un conjunto de licencias y condiciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), que permiten a la compañía producir y exportar crudo venezolano bajo estrictos controles y con un flujo de caja limitado hacia el Estado venezolano.
Las licencias específicas de la OFAC, como la llamada Licencia General 41 y sus enmiendas posteriores, emitidas durante la administración Biden y luego suspendidas y vueltas a activar con cambios no revelados por la administración Trump, autorizan ciertas transacciones vinculadas a la producción, levantamiento y venta de crudo desde las empresas mixtas donde Chevron comparte acciones con PDVSA.
No obstante, no levantan de manera general las sanciones al sector petrolero venezolano. Bajo este esquema, el petróleo se exporta fundamentalmente a refinerías de Estados Unidos, configuradas para procesar crudos pesados, con volúmenes reportados por agencias internacionales de entre 100,000 y 150,000 barriles diarios en los últimos meses.
Sin embargo, estas licencias prohíben expresamente que Chevron pague impuestos, regalías o dividendos al gobierno venezolano o a entidades controladas por PDVSA, impidiendo formalmente que el Estado reciba utilidades directas de esas operaciones. En la práctica, Chevron opera como una excepción regulada dentro del régimen de sanciones, usando el petróleo como mecanismo de repago de deudas y recuperación de inversiones.
Las negociaciones actuales se enmarcan en un escenario de declaraciones públicas divergentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes mediante un mensaje en Truth Social que “las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y sancionado a los Estados Unidos”. Agregó que “este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.
Posteriormente, el miércoles, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”: “Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado de respaldo, y luego indefinidamente; en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”. Wright se refirió, en la primera parte de su afirmación, a petróleo venezolano que se ha venido acumulando en el país desde que Donald Trump decretara el 16 de diciembre un bloqueo total a los buques que comercializan hidrocarburos con Venezuela.
La comunicación de PDVSA difiere en el tono y términos de las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, pero confirma que existen negociaciones relacionadas al petróleo entre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la Casa Blanca, luego del ataque militar de fuerzas estadounidenses ejecutado el sábado y que terminó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
Al finalizar su comunicado, PDVSA concluyó: “PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”. La situación marca un capítulo complejo en las relaciones bilaterales, donde los aspectos comerciales del petróleo se entrelazan con la geopolítica y las sanciones financieras internacionales.
