A dos días de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para presentarle un avance sobre su iniciativa de reforma electoral, Pablo Gómez Álvarez recibió hoy a nueve de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes le entregaron un documento de 69 cuartillas que reúne 241 propuestas acordadas durante el fin de semana. El encuentro se realizó en la Ciudad de México y tuvo como eje central el análisis del futuro del sistema electoral mexicano.
Durante la reunión, el titular de la comisión presidencial planteó que el INE debería perder su carácter autónomo, al considerar que dicha condición implica que la institución tenga “su propio gobierno, su propia ley”. En ese contexto, sostuvo: “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones”, una declaración que marcó una diferencia directa con la postura de los consejeros electorales.
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Aunque Gómez insistió en que el gobierno de Claudia Sheinbaum “no quiere consejeros avasallados” ni “magistrados en ningún órgano jurisdiccional electoral”, sus planteamientos contrastaron con el contenido del documento entregado por el INE, en el que los consejeros subrayaron la importancia de “consolidar instituciones electorales autónomas, profesionales y técnicamente capaces”.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, recalcó durante la reunión la necesidad de “fortalecer al INE en su autonomía, en el respeto que se merece”, así como en el “aspecto presupuestal”. Ambas consideraciones fueron descartadas por Pablo Gómez en el encuentro. El funcionario rechazó, por ejemplo, la propuesta de indexar el presupuesto del INE al crecimiento económico de México, como lo planteó el consejero Martín Faz.
Uno de los pocos puntos en los que pareció existir coincidencia fue el de la fiscalización de los recursos que circulan en los procesos electorales. Este tema “nos preocupa mucho”, según Gómez, quien deploró que “nunca dejamos de tener escándalos” en elecciones, con menciones específicas al Pemexgate y a los Amigos de Fox, sin abordar casos de corrupción más recientes.
Pablo Gómez también advirtió a los consejeros que la reforma electoral no será producto del “consenso” entre fuerzas políticas, al recordarles que incluso dentro del propio INE no convergen las opiniones sobre la reforma. Las diferencias internas se hicieron visibles durante la reunión, a la que dos consejeras, Dania Ravel y Claudia Zavala, prefirieron no asistir tras considerar que la Secretaría Ejecutiva del INE no incorporó algunas observaciones sobre elementos incorrectos.
La entrega del documento con 241 propuestas se dio en un contexto previo a la presentación del proyecto de reforma electoral que Pablo Gómez expondrá a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En ese proceso, el texto elaborado por los consejeros busca influir en la discusión sobre el diseño institucional del sistema electoral.
Organizaciones civiles advierten riesgos y piden posponer reforma electoral
Organizaciones de la sociedad civil exhortaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a posponer la entrada en vigor de la reforma electoral para concretar los cambios estructurales al sistema electoral después de 2027, año en que se renovarán la mitad de los cargos judiciales, 19 gubernaturas, 500 diputaciones federales y 128 senadurías, así como los cargos de 31 congresos locales y cientos de presidencias municipales.
Ls organizaciones, aglutinadas en el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine) advirtieron que la desaparición de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) acarreará retos enormes, pues el nuevo organismo tendrá que organizar las elecciones federales, locales y judiciales y resolver los conflictos poselectorales, lo que supone un riesgo de colapso técnico por sobrecarga administrativa.
Además, Opine recalcaron que la idea de seleccionar a los integrantes del nuevo árbitro electoral mediante voto popular directo introduciría una “variable política en órganos que son eminentemente técnicos”, con consejeros que responderían a intereses políticos.
