Por: Enrique Hernández Alcázar
Clara Brugada quiere ver a la CDMX como capital del civismo.
Al menos eso pretende con su propuesta de reformar la Ley de Cultura Cívica para imponer una sanción inconmutable de 36 horas a quienes exijan o intimiden a otra persona a cambio de un pago por cuidar, vigilar o lavar un vehículo en la vía pública.
En el papel, la propuesta suena muy popular. Pero como muchas otras iniciativas en esta ciudad, corre el riesgo de quedarse en el terreno de la simulación.
La figura del “viene viene” o del “franelero” es un síntoma perfecto del caos urbano que hemos normalizado en la capital. Es la expresión de un vacío: un Estado que no regula ni ordena, gobiernos que prefieren mirar para otro lado y una ciudadanía acostumbrada a la informalidad como norma. El franelero existe porque hay demanda: automovilistas que prefieren pagar por “seguridad” antes que arriesgar un rayón, un cristalazo o un pleito. Y peor aún, durante años las autoridades han permitido que operen como microfeudos callejeros, muchas veces vinculados a redes de corrupción más amplias con la policía como cómplice.
¿Está mal que alguien ofrezca cuidar un coche a cambio de una propina? No necesariamente. Lo que está mal —y lo sabemos todos los que vivimos en esta H. ciudad— es la forma en que muchos lo hacen: con amenazas veladas, cobros obligatorios, señalamientos arbitrarios de espacio público como si las calles y las banquetas fueran de su propiedad.
El “aquí no se puede” seguido del “pero con cien varitos, Simón que te lo cuido”. Eso lo sabe Brugada y lo sabe cualquiera que haya buscado estacionamiento en la Roma, el Centro, la Doctores o Coyoacán un sábado por la noche.
El problema no es nuevo, y la solución no es solo castigar. La sanción de 36 horas puede sonar ejemplar, pero es insuficiente si no se acompaña de un replanteamiento de fondo. ¿Quién administra el espacio público? ¿Cómo se regula el comercio informal sin criminalizar la pobreza? ¿Qué alternativas reales se ofrecen a quienes hoy viven de esta actividad?
Sabemos que existen franeleros que pertenecen a mafias. Porque las mafias extorsionan democráticamente sin distingo alguno. Pero también hay otros que son adultos mayores, migrantes, desempleados, que encontraron en esa labor una forma de sobrevivir en una economía que los expulsó. Si lo único que ofrece el gobierno es cárcel cívica, sin opciones de reinserción, capacitación o empleo formal, el castigo no resolverá nada. Solo van a desplazar el problema a otra esquina.
La propuesta de Brugada puede ser una oportunidad, pero sólo si va acompañada de voluntad política real, operativos bien diseñados, alternativas laborales y una estrategia de recuperación del espacio público que incluya a la ciudadanía.
De lo contrario, será una raya más al tigre del populismo punitivo: ese que simula orden mientras todo sigue igual. En esta capirucha, en la que todo se negocia, imponer orden sin justicia solo será otra forma de disfrazar el caos.
