El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó este martes la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en la que se aprobaron acuerdos y lineamientos destinados a fortalecer las instituciones de seguridad en los estados de la República. El objetivo es consolidar las capacidades de las policías estatales y municipales, responsables del 96 por ciento de los delitos que pertenecen al fuero común, así como reforzar a las fiscalías locales para garantizar un sistema de justicia más eficaz en todo el país. Por eso pidió a las entidades federativas comprometerse a incrementar sus policías en 25% y sus fiscales en 30%.
Durante la sesión, García Harfuch explicó que el futuro de la seguridad en México depende en gran medida de las corporaciones estatales y municipales, al ser éstas la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes enfrentan directamente los desafíos en cada comunidad. Señaló que es indispensable que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo para operar en favor de la sociedad.
El funcionario detalló que las propuestas forman parte de un gran Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, el cual contempla cinco ejes prioritarios: el incremento de las capacidades institucionales, la consolidación de áreas de inteligencia e investigación, el fortalecimiento de los Centros de Comando y Control, la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la mejora de los registros de información delictiva.
Compromisos de los estados
Las entidades federativas deberán cumplir con un conjunto de compromisos establecidos en el marco normativo y en los plazos fijados en el Decreto del 16 de julio de 2025. Entre ellos, destaca la obligación de presentar iniciativas de reforma para armonizar su marco jurídico con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública antes de noviembre de 2025.
Además, los ejecutivos estatales se comprometieron a cumplir, a más tardar en diciembre de 2029, dos objetivos principales:
- Incrementar en 25 por ciento el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación a nivel nacional.
- Incrementar en 30 por ciento el estado de fuerza de los ministerios públicos de las fiscalías estatales.
Las secretarías de seguridad y las fiscalías locales deberán elaborar un Plan de Reclutamiento Estatal para el periodo 2026–2030 dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del Acuerdo.
Homologación y profesionalización
Otro de los acuerdos establece que el Secretariado Ejecutivo, a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, emitirá en enero de 2026 un Modelo Operativo de Homologación de Academias e Institutos. Para enero de 2028, cada entidad deberá contar con al menos una academia certificada bajo este modelo, con la infraestructura y recursos necesarios para su operación.
Asimismo, las instituciones estatales de seguridad deberán implementar el Modelo de Unidades de Investigación que actualizará el Secretariado Ejecutivo en diciembre de 2025. También se impartirá el Programa de Formación para Personal Policial con Funciones de Investigación e Inteligencia, cuyo diseño estará a cargo de la Academia Nacional.
Estrategia contra la extorsión
Con el fin de reforzar la lucha contra la extorsión, se determinó que las fiscalías estatales que aún no cuenten con Unidades Especializadas deberán crearlas y ponerlas en operación a más tardar en enero de 2026. Estas fiscalías iniciarán carpetas de investigación con la información recibida de los Centros de Comando y Control a través de la línea de denuncia anónima 089.
En paralelo, los Centros de Comando y Control tendrán que garantizar los recursos necesarios para aplicar lineamientos de operación de las líneas de atención 911 y 089, los cuales serán emitidos por el Secretariado Ejecutivo en diciembre de 2025. Además, deberán asegurar que sus operadores reciban capacitación a partir de febrero de 2026.
Registros de incidencia delictiva
Para fortalecer el Sistema Nacional de Información en materia de seguridad y procuración de justicia, las fiscalías estatales aplicarán los lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva desde enero de 2026. En octubre de 2025 se implementará una nueva metodología de recopilación de información diaria sobre homicidios dolosos a nivel estatal.
Adicionalmente, las fiscalías reportarán su información al Registro Nacional de Eficiencia Ministerial dentro de un plazo máximo de sesenta días naturales posteriores a la publicación del Acuerdo.
Búsqueda de personas desaparecidas
Las entidades federativas deberán formalizar la creación y operación de Fiscalías Especializadas en Investigación y Búsqueda de Personas, con las cinco unidades y áreas establecidas por la Ley General. La Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda actualizarán, antes de diciembre de 2025, los protocolos homologados de investigación y búsqueda, que deberán ser aplicados en todas las entidades a partir de enero de 2026.
También se ordenó la implementación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que deberá comenzar a operar en noviembre de 2025. Las fiscalías estatales deberán concluir con el rezago de información en la Base Nacional de Información Genética antes de julio de 2026.
Servicios periciales y protocolos forenses
El Secretariado Ejecutivo y la Fiscalía General de la República emitirán estándares para los servicios periciales de las fiscalías antes de diciembre de 2026. El cumplimiento de dichos estándares será obligatorio a partir de enero de 2027.
Asimismo, el Consejo Nacional ratificó la aprobación de los protocolos de actuación pericial forense para la recuperación y tratamiento de cadáveres, así como para la notificación y entrega digna de personas identificadas. Estos protocolos deberán aplicarse de forma inmediata en todo el país.
Los acuerdos alcanzados en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública representan una hoja de ruta a largo plazo para el fortalecimiento de las policías estatales y las fiscalías del país. Según lo establecido, los compromisos deberán cumplirse en plazos que van de 2025 a 2029, con el propósito de consolidar instituciones de seguridad más eficaces, profesionales y cercanas a la ciudadanía.
