El senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) ha acumulado en los primeros ocho meses de 2025 donaciones irregulares por alrededor de 500 mil pesos a través de YouTube, pese a la prohibición legal de que los servidores públicos reciban dinero en efectivo, mientras enfrenta cuestionamientos por la adquisición de una casa valuada en más de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, cuya propiedad y origen de pago presentan irregularidades.
Durante 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña ha recibido aportaciones económicas a través de la plataforma YouTube, donde realiza transmisiones en vivo con frecuencia. En dichas emisiones, además de percibir ingresos por la monetización de la audiencia, obtiene recursos adicionales por concepto de donaciones que sus seguidores realizan mediante la herramienta Super Chat. Estas contribuciones, que suman alrededor de medio millón de pesos en lo que va del año, contravienen lo estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe a los servidores públicos aceptar beneficios fuera de su remuneración oficial.
Los registros de sus propias transmisiones muestran que, entre enero y agosto de 2025, Noroña recibió cantidades variables que, traducidas a pesos, alcanzaron 49 mil 328 en enero, 78 mil 238 en febrero, 93 mil 118 en marzo, 47 mil 84 en abril, 65 mil 734 en mayo, 47 mil 101 en junio, 36 mil 898 en julio y 78 mil 530 en agosto. En todos los casos, el dinero provino de donaciones anónimas, algunas en moneda extranjera, lo que incrementa la falta de transparencia, ya que no aparecen registradas en su declaración patrimonial, donde únicamente reporta ingresos parciales por monetización de contenido digital.
El propio legislador ha reconocido públicamente estas contribuciones en sus emisiones. El 6 de febrero, por ejemplo, informó que en una transmisión recibió el equivalente a 6 mil 349 pesos, reaccionando con comentarios en los que desestimó las críticas: “Para lo que se me antoje, pues sí”, dijo al ser cuestionado sobre el uso del dinero. En otras ocasiones, ha defendido la legitimidad de estas aportaciones, alegando que se trata de apoyo voluntario de sus seguidores, aunque la ley establece claramente que los servidores públicos no deben aceptar este tipo de ingresos.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece, en su artículo 7, que los servidores públicos no deben utilizar su cargo para obtener beneficios personales, ni aceptar donaciones, dádivas u obsequios. El artículo 52 tipifica como cohecho la aceptación de cualquier beneficio no comprendido en la remuneración oficial, incluidos los donativos recibidos a través de plataformas digitales.
En paralelo, especialistas en ciberseguridad y finanzas han advertido que YouTube constituye un canal de riesgo para operaciones de lavado de dinero. A través de Super Chat, cualquier usuario puede transferir hasta 2 mil dólares semanales a los creadores de contenido, utilizando tarjetas de crédito, débito o tarjetas de regalo de Google Play. La plataforma retiene una comisión del 30%, pero no tiene la obligación de rastrear el origen del dinero. En México, las investigaciones solo proceden si una autoridad federal solicita la revisión de un canal en particular.
Las actividades de Noroña como transmisor en línea incluyen comentarios políticos, referencias a lecturas y discusiones con adversarios, además de la exposición pública de las contribuciones que recibe en cada emisión. El martes pasado, por ejemplo, reveló haber recibido 26 mil 138 pesos durante una transmisión de poco más de una hora. En contraste, el 18 de agosto apenas obtuvo 466 pesos en donaciones. Aunque los montos fluctúan, nunca ha tenido una transmisión sin ingresos, lo que confirma un flujo constante de aportaciones.
El caso del senador pone en evidencia los vacíos legales y la vulnerabilidad de las plataformas digitales como medios de financiamiento opaco, al tiempo que reabre el debate sobre la rendición de cuentas de los servidores públicos. La falta de transparencia en la declaración patrimonial de Noroña y las inconsistencias detectadas en la compra de su residencia en Tepoztlán refuerzan las sospechas sobre el origen y destino de los recursos recibidos.
Casa en Tepoztlán invade zona protegida
La polémica en torno al senador se agravó tras la compra de una residencia en el barrio de Achichipico, en Tepoztlán, Morelos. El inmueble, conocido por los vecinos como “La Casa del Silencio”, cuenta con una extensión de mil 200 metros cuadrados y se localiza en las faldas del Cerro del Tepozteco, en una zona catalogada como de protección ecológica. Los habitantes de la región aseguran que el valor del terreno supera los 10 millones de pesos y que la propiedad completa podría alcanzar un avalúo de más de 25 millones, cifra que contrasta con la situación económica que el propio Noroña había declarado tener apenas tres años atrás.
De acuerdo con Carlos Rojas, asesor jurídico del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, la adquisición presenta irregularidades jurídicas, ya que en territorio comunal no pueden emitirse escrituras públicas a título individual. Además, el predio carece de uso habitacional permitido, lo que incrementa la posibilidad de que el inmueble sea objeto de un juicio de restitución de tierras, como ocurrió en casos anteriores en la región. El asesor indicó que ningún banco puede otorgar créditos sobre bienes comunales, por lo que el pago de la propiedad debió hacerse en efectivo y en una sola exhibición.
El legislador, consultado sobre la procedencia de los recursos para adquirir la vivienda, ha evitado dar explicaciones, afirmando que “ese no es tema”. También se ha negado a detallar si la operación se financió mediante crédito o mediante recursos propios, pese a que la ley le obliga a transparentar los ingresos y egresos relacionados con su patrimonio. La falta de claridad incrementa las dudas en torno a la legalidad de la compra y el origen de los fondos.
Los vecinos de Tepoztlán, preocupados por el crecimiento irregular de la mancha urbana en zonas protegidas, han señalado que la casa adquirida por Noroña se encuentra en un área de alta plusvalía en el mercado inmobiliario informal, donde las transacciones suelen realizarse en efectivo y sin registros oficiales. La autorización o rechazo de estas operaciones depende de las decisiones de la asamblea comunal, que sesiona periódicamente para regular el uso de las tierras.
