En su mensaje final como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, declaró ante el pleno del máximo tribunal: “No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera en que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias con justicia, respeto y objetividad”.
Estas palabras sintetizaron el enfoque que ella tiene de su gestión (2023-2025) y las expresó durante la sesión de clausura celebrada este 31 de agosto en la Ciudad de México, marcando el término de su mandato en el contexto de la reforma judicial que establece la transición hacia un nuevo Poder Judicial.
La ministra presidenta presentó su informe final destacando que el organismo ejerció recursos públicos con estricto cumplimiento de la ley, manteniendo una política de gastos basada en disciplina presupuestaria, transparencia, eficiencia y austeridad que permitió alcanzar ahorros presupuestales anuales mientras se cumplían todos los objetivos institucionales.
Bajo su liderazgo, la SCJN implementó medidas de optimización que garantizaron el funcionamiento judicial con menor gasto al presupuesto asignado, demostrando que es posible administrar justicia con responsabilidad fiscal y transparencia en el uso de los recursos públicos, dijo.
El proceso de transición hacia los nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación, establecido por la reforma judicial de 2024, representó uno de los ejes centrales de los últimos meses de gestión. La Corte constituyó un grupo de trabajo especializado que elaboró cinco reportes detallados para el Tribunal Pleno y la Comisión de Transición, documentando minuciosamente todos los recursos materiales, humanos, presupuestales y financieros sujetos a transferencia a partir del 1 de septiembre de 2025.
Este proceso incluyó el primer levantamiento integral de inventarios físicos de bienes muebles y equipos administrativos en la historia del máximo tribunal, conciliando estos activos con los registros contables institucionales para garantizar total precisión en la entrega-recepción.
Piña Hernández enfatizó que estas acciones demostraron el compromiso de su administración con un actuar eficiente sustentado en personal capacitado y tecnologías avanzadas, cumpliendo con los objetivos institucionales mientras se garantizaba la transparencia en el uso de recursos públicos.
El pleno de la Corte terminó sus funciones este 31 de agosto para dar paso a los nuevos nueve ministros electos por voto popular, marcando el fin de un ciclo histórico en el máximo tribunal mexicano y el inicio de una nueva etapa bajo los principios establecidos en la reforma constitucional de 2024. La salida de Piña Hernández y los demás ministros representa uno de los cambios más significativos en la estructura judicial mexicana en décadas, cerrando una etapa caracterizada por el apego a los principios de razón, diálogo y derecho que definieron su gestión al frente del Poder Judicial de la Federación.
