La administración de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, decidió no renovar la póliza de seguro contra desastres naturales que cubría a la entidad, y en su lugar constituyó una aseguradora estatal que solo protege los bienes y empleados del gobierno local.
La decisión se tomó pese a las advertencias de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre un ciclo de lluvias históricas y posibles inundaciones severas en el país, condiciones que ya han provocado graves afectaciones en distintas zonas del territorio veracruzano.
Información revelada por Milenio señala que, de acuerdo con documentos oficiales, la póliza 100-77485-02 fue contratada originalmente por el gobierno de Cuitláhuac García el 31 de mayo de 2024, con una vigencia de un año, y amparaba a la entidad ante fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, ciclones tropicales, terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra, entre otros.
El contrato, emitido por la aseguradora BX+, establecía la cobertura por “todo riesgo de pérdida directa o indirecta de daño físico, como resultado de desastres naturales”. Sin embargo, la actual administración decidió no renovarlo, dejando a la población sin protección oficial ante siniestros naturales desde el 1 de junio de 2025.
La gobernadora Nahle justificó públicamente su decisión asegurando que “no se trata de un tema de dinero”, sino de una nueva estrategia de gestión de recursos estatales. En una entrevista difundida el 15 de octubre, afirmó que el gasto del seguro “no era eficiente” y que en su lugar se optó por crear la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales, un organismo público descentralizado sin reglas de operación ni presupuesto claro para atender emergencias naturales.
“No es un tema de dinero. En años anteriores, cuando fue el huracán Grace, el gobierno del estado pagaba 150 millones de pesos al año por ese seguro. Solo se retornaron 25 millones”, dijo Nahle.
“Decidimos hacer un fideicomiso para emergencias y seguridad social de los trabajadores del estado. Veracruz tiene previsto en sus finanzas recursos para emergencias”, añadió.
El decreto 0677 del Poder Ejecutivo veracruzano establece que la nueva aseguradora tiene como objetivo principal otorgar seguros de vida, salud y riesgos laborales a los trabajadores del gobierno estatal, excluyendo expresamente a cualquier persona física o moral que no tenga una relación laboral con la administración pública.
En su punto dos, el decreto señala que la cobertura de desastres naturales solo aplica a los bienes patrimoniales del gobierno estatal, sin contemplar asistencia o indemnización para la población civil.
“Brindar cobertura de seguros patrimoniales y financieros al propio gobierno del estado, integrado por sus dependencias y entidades paraestatales, ante desastres naturales, fenómenos hidrometeorológicos y cualquier otro riesgo que afecte sus bienes, infraestructura o servicios”, detalla el documento.
En ninguna de las cinco páginas del decreto se hace referencia a apoyos o compensaciones para la ciudadanía afectada por emergencias climáticas.
La omisión cobra especial relevancia en medio de las inundaciones recientes en Veracruz, donde 37 municipios resultaron con daños graves tras el desbordamiento de varios ríos. En zonas del norte del estado, comunidades completas permanecen incomunicadas y cubiertas de lodo.
De los 212 municipios veracruzanos, 37 presentan afectaciones severas, y los reportes oficiales más recientes confirman 32 personas fallecidas y 14 no localizadas a consecuencia de las lluvias.
Testimonios locales refieren que colonias enteras quedaron bajo el agua, con viviendas, cosechas y caminos destruidos, sin respaldo económico o legal para su recuperación.
Mientras tanto, la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales sigue en proceso de organización y no cuenta con lineamientos ni recursos asignados para atender los daños a la población. Su cobertura se limita a los bienes estatales, dejando fuera a las familias damnificadas que esperaban apoyo tras las emergencias.
Expertos en derecho administrativo consultados por medios nacionales advierten que, aunque no renovar la póliza no constituye un delito, sí podría representar una falta administrativa si se demuestra un conflicto de interés o negligencia en la protección del patrimonio ciudadano.
La controversia por la falta de aseguramiento revive el debate sobre la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que anteriormente canalizaba recursos federales para atender emergencias en estados y municipios. Desde su eliminación, las entidades deben asumir directamente la cobertura de daños, lo que ha dejado vacíos en la atención a víctimas de fenómenos naturales.
Hasta ahora, el gobierno de Veracruz no ha emitido información sobre un plan alterno de apoyo para las familias afectadas ni sobre el monto disponible en el fideicomiso estatal mencionado por la gobernadora.
La pérdida del seguro contra desastres deja a Veracruz en una situación vulnerable frente a la temporada de lluvias y huracanes, con cientos de comunidades afectadas y sin un mecanismo de indemnización vigente.
