Una investigación del New York Times y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que cárteles mexicanos han utilizado municiones calibre .50 fabricadas en la Lake City Army Ammunition Plant, una planta propiedad del gobierno de Estados Unidos, en ataques armados ocurridos en México, a partir de acuerdos que permitieron que este tipo de munición ingresara al mercado civil estadounidense y, posteriormente, fuera traficada hacia organizaciones criminales.
Una investigación conjunta del New York Times y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) documenta que organizaciones criminales en México han utilizado municiones calibre .50 fabricadas en la Lake City Army Ammunition Plant, una instalación propiedad del gobierno de Estados Unidos y principal proveedora de munición para el Ejército estadounidense.
El caso más emblemático identificado en la investigación ocurrió el 30 de noviembre de 2019, cuando un convoy de hombres armados con ametralladoras y rifles calibre .50 ingresó al municipio de Villa Unión, Coahuila. Durante varias horas, los atacantes abrieron fuego contra policías estatales y municipales, manteniendo sitiada la zona. El saldo del enfrentamiento fue de cuatro policías, dos civiles y 19 presuntos integrantes del cártel muertos.
Tras el ataque, las autoridades localizaron al menos 45 casquillos calibre .50 marcados con las siglas “L.C.”, correspondientes a la Lake City Army Ammunition Plant, ubicada a las afueras de Kansas City, Misuri. Este hallazgo permitió establecer el origen de la munición utilizada durante el enfrentamiento armado.
De acuerdo con millones de documentos judiciales, registros de decomisos y bases de datos oficiales revisadas por el ICIJ y The New York Times, acuerdos celebrados entre el Ejército estadounidense y contratistas privados han permitido que munición y componentes fabricados en Lake City ingresen al mercado civil de Estados Unidos. Desde ese circuito legal, parte de estos insumos terminan en manos de organizaciones criminales en México.
La investigación señala que, aunque el mercado civil de municiones calibre .50 en Estados Unidos es limitado, la demanda por parte de los cárteles mexicanos es alta debido a las características de este tipo de armamento. Los rifles calibre .50 tienen un costo de miles de dólares y cada cartucho se vende en un rango de entre 3 y 4 dólares; sin embargo, su capacidad de penetración y su alcance, que supera un kilómetro, los convierten en armas altamente valoradas por los grupos criminales.
Desde 2012, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha decomisado más de 40 mil cartuchos calibre .50 en estados fronterizos con México. Aproximadamente un tercio de ese total corresponde a munición fabricada por Lake City, una proporción mayor que la atribuida a cualquier otro productor, de acuerdo con los datos citados en la investigación.
El trabajo periodístico también documenta el uso de munición incendiaria perforante, un tipo de proyectil diseñado para atravesar blindajes. En 2024, este tipo de balas fue utilizado en un ataque contra un convoy policial mexicano. En ese hecho, uno de los proyectiles perforó un vehículo blindado y provocó la muerte de un agente, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pese a que el gobierno de Estados Unidos ha declarado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha reiterado su compromiso de frenar el tráfico de armas, la investigación identificó que al menos 16 vendedores en línea han comercializado munición fabricada en Lake City o con componentes provenientes de esa planta. Este conteo fue realizado de manera conjunta por el ICIJ y The New York Times.
Para especialistas en tráfico de armas, el principal problema no radica en la cantidad de munición que cruza la frontera, sino en el impacto que puede tener en los enfrentamientos armados. “Una sola bala calibre .50 puede cambiar por completo un enfrentamiento”, señaló Chris Demlein, exagente de la ATF. “Inclina la balanza de manera brutal”.
El reportaje también recoge testimonios de familiares de policías asesinados con este tipo de armamento, quienes coinciden en que el flujo de armas de alto poder hacia México no ha sido contenido. “Muchos pagamos el precio”, dijo Brenda Aparicio Villegas, viuda de un policía muerto en una emboscada en Michoacán, en la que también se localizaron casquillos de Lake City.
La investigación del New York Times y el ICIJ expone así un circuito transnacional en el que municiones fabricadas en una planta propiedad del gobierno estadounidense, destinadas originalmente a uso militar, terminan siendo utilizadas por cárteles mexicanos en ataques contra fuerzas de seguridad y civiles, con consecuencias mortales documentadas en distintos puntos del país.
