La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó, mediante un comunicado oficial, que los nueve ministros que la integran estrenarán nuevas camionetas oficiales. La renovación de la flotilla, que consiste en vehículos Jeep modelo Grand Cherokee con un precio entre 1 millón 69 mil pesos y 1 millón 700 mil pesos por unidad, se llevó a cabo hace unos días con el objetivo de “garantizar la seguridad de los titulares del máximo tribunal, luego de que evaluaciones técnicas determinaron que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares adecuados”.
Según el documento emitido por el organismo, la decisión de adquirir las nueve unidades se tomó “con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional”.
La Corte detalló que “esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”. Por tanto, la institución argumenta que “la adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”.
Los vehículos adquiridos son de la marca Jeep, modelo Grand Cherokee. El precio de cada unidad varía dependiendo del equipamiento, oscilando entre 1 millón 69 mil pesos y los 1.7 millones de pesos. De acuerdo con la información que trascendió, cada uno de los ministros pudo elegir el color de su vehículo entre las opciones de gris y blanco.
La SCJN fundamentó esta renovación en su normatividad interna vigente, emitida en 2019. Dicha normativa “establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente -cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”. Con esta adquisición, la Corte busca alinearse a dicho marco regulatorio.
En el mismo comunicado, el máximo órgano judicial del país enfatizó las medidas tomadas para contener el gasto. Explicó que “con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido”. Este mecanismo de renovación y baja de unidades más antiguas es presentado como parte de una estrategia de gestión de recursos.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó, a través del boletín, su postura frente al uso de los recursos públicos. El texto concluye señalando que “con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”. La institución posiciona así la adquisición como una necesidad operativa y de seguridad, enmarcada en un proceso normativo y de sustitución controlada de su flota vehicular.
