La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, tras el asalto a la embajada mexicana en Quito el 4 de abril de 2024, ha dejado en el limbo a 129 connacionales encarcelados en el país sudamericano. Mientras el presidente Daniel Noboa impulsa deportaciones masivas para aliviar la crisis carcelaria, los mexicanos no podrán ser repatriados debido a la falta de acuerdos entre ambos gobiernos.
El gobierno de Noboa ha deportado en una semana a más de mil presos extranjeros hacia sus países de origen, pero excluyó a México, con quien no existen vínculos diplomáticos desde el operativo en el que fuerzas ecuatorianas ingresaron a la embajada mexicana para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron que, sin relaciones bilaterales, México no recibirá a sus ciudadanos, la mayoría vinculados al crimen organizado.
La tensión entre ambos países ha permitido a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa aumentar su influencia en Ecuador. Desde 2021, autoridades ecuatorianas los señalan como responsables de la violencia entre pandillas y motines carcelarios. El CJNG está asociado con los Tiguerones y los Lobos, mientras que el Cártel de Sinaloa mantiene vínculos con los Choneros, la banda criminal más poderosa del país.
Según Osvaldo Guerra, investigador de la Universidad del Cono Sur, Ecuador se ha convertido en un punto clave para el tráfico de cocaína hacia Europa debido a su ubicación estratégica entre Colombia y Perú. “La rivalidad entre los cárteles mexicanos se ha trasladado a Ecuador, donde los homicidios superan ya los registros de México y Colombia”, explicó. La suspensión de la cooperación en seguridad ha agravado el problema, limitando el intercambio de inteligencia y acciones conjuntas contra el crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México no reanudará relaciones con Ecuador sin una disculpa pública, reparación del daño y la liberación de Jorge Glas, a quien se le concedió asilo político. Mientras tanto, Noboa defiende su estrategia de deportaciones como una medida soberana, aunque países como Colombia han criticado la falta de coordinación.
De los 129 mexicanos en prisiones ecuatorianas, nueve son mujeres acusadas de narcotráfico. Quienes sean deportados no podrán regresar a Ecuador en 40 años, bajo pena de cumplir su condena original más tres años adicionales. Sin embargo, los connacionales quedan fuera de este esquema, atrapados en una crisis que parece lejos de resolverse.
La decisión de Ecuador de excluir a México de su programa de deportaciones ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de que los connacionales enfrenten condiciones carcelarias aún más críticas debido al hacinamiento y la violencia en las prisiones ecuatorianas. “Sin un canal diplomático, no hay garantías para proteger los derechos básicos de los mexicanos detenidos, incluyendo acceso a asistencia consular”, señaló Amnistía Internacional en un comunicado reciente.
