Filiberto Cruz Monroy
El acuerdo logrado entre el gobierno de México y la administración del presidente Donald Trump para posponer la imposición de nuevos aranceles hasta octubre representa una victoria diplomática de alto calibre y una muestra del compromiso con la estabilidad económica regional.
En un escenario global marcado por tensiones comerciales, proteccionismo y medidas unilaterales, la capacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo negociador para defender los intereses nacionales sin romper los puentes con Washington debe ser reconocida con seriedad.
Mientras otros países enfrentan duros golpes arancelarios —Canadá con 35%, Brasil con un severo 50%, China con 30%, Europa, Corea del Sur y Reino Unido entre 10% y 15%—, México ha conseguido mantener su acceso al mercado estadounidense bajo condiciones preferenciales. Esto no es casualidad ni reflejo de debilidad: es el resultado de una negociación firme, que ha optado por preservar la certidumbre comercial en tiempos de incertidumbre global.
México sigue siendo, con este acuerdo, un socio confiable para Estados Unidos, y eso no se gana sin ceder en aspectos clave. Pero ceder no significa rendirse. Significa entender que la relación bilateral no se trata solo de evitar aranceles, sino de construir una plataforma de cooperación que fortalezca a ambos países. En este sentido, el gobierno mexicano ha asumido compromisos que reflejan madurez económica y visión de largo plazo.
Uno de los puntos centrales del acuerdo implica reforzar la lucha contra las prácticas desleales de comercio. México se compromete a mejorar sus capacidades para detectar e investigar importaciones con competencia desleal, en especial aquellas provenientes de países asiáticos. No se trata únicamente de responder a exigencias estadounidenses, sino de proteger industrias clave en nuestro país como el sector textil, el calzado, los plásticos, la siderurgia y los minerales. El libre comercio no puede convertirse en un canal para la destrucción silenciosa de las capacidades productivas nacionales.
Otro eje estratégico del acuerdo es el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro. Frente a un entorno geopolítico cada vez más fragmentado, donde la autosuficiencia y la seguridad económica son prioridad, México se posiciona como un actor proactivo. La oferta de colaborar con Estados Unidos para elevar la producción regional de bienes estratégicos —como semiconductores, autopartes, ingredientes farmacéuticos y baterías— no solo atiende preocupaciones de Washington. También es una apuesta por elevar la sofisticación de nuestra planta productiva y por generar empleos de calidad dentro del país.
En paralelo, el gobierno de Sheinbaum ha aceptado compromisos en materia laboral, acordes con el nuevo modelo de relaciones laborales que México impulsa desde la reforma de 2019. Las inspecciones en centros de trabajo, la libertad sindical, la eliminación del trabajo infantil y forzoso, y la promoción de la negociación colectiva, son pasos necesarios para garantizar condiciones laborales dignas y alinear nuestra competitividad con estándares internacionales.
El último compromiso, pero no menos importante, se refiere a la agilización de trámites regulatorios en sectores estratégicos como el médico y farmacéutico. Atender los rezagos, armonizar normas y fortalecer a las instituciones regulatorias es un paso esencial para destrabar inversiones, facilitar exportaciones y mejorar el acceso de productos esenciales a la población.
En conjunto, el acuerdo logrado es una muestra clara de que el gobierno de Sheinbaum eligió la ruta del diálogo y a cambio, México obtuvo tiempo, confianza y margen de acción para seguir construyendo una economía más robusta y menos vulnerable.
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