Eva García de Joaquín, madre de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), solicitó a una jueza federal de Nueva York que le otorgue libertad bajo fianza, para lo cual ofreció un pago de cinco millones de dólares como garantía de que no se dará a la fuga.
La petición fue presentada por su abogada defensora, Priya Chaudhry, ante la jueza Loretta A. Preska, luego de que García fuera detenida en agosto en Los Ángeles y trasladada a la cárcel correccional de Essex, en Nueva Jersey, acusada de delincuencia organizada y tráfico sexual.
En un oficio de 26 páginas, la defensa argumentó que Eva García es una mujer de 80 años que no representa riesgo de fuga ni peligro para la comunidad. Detallan que mide 1.50 metros, tiene educación de sexto grado, no habla inglés y depende de una silla de ruedas, además de requerir asistencia médica constante.
En la carta enviada a la jueza, su equipo afirmó: “Eva es una mujer frágil, de 80 años, residente permanente legal de los Estados Unidos y respetuosa de la ley. Los delitos que supuestamente cometió son episodios aislados de hace décadas que no se traducen en ningún peligro actual ni en intención de huir; de hecho, su historial reciente sugiere lo contrario. Y el peso de las pruebas del gobierno en su contra difícilmente inclina la balanza a favor de la detención”.
La detención de García ocurrió en agosto pasado en Los Ángeles, en cumplimiento de una orden federal emitida en Manhattan. El arresto forma parte de una amplia acusación que también involucra a su hijo Naasón Joaquín y a otros líderes de la LLDM por múltiples cargos graves relacionados con delincuencia organizada, explotación sexual, enriquecimiento ilícito y diversos tipos de abuso.
Las autoridades sostienen que, durante tres generaciones, los dirigentes de la organización religiosa —incluidos Samuel Joaquín, esposo de Eva García ya fallecido, y Naasón Joaquín— habrían operado una estructura criminal que explotaba a sus feligreses mediante manipulaciones, amenazas y presuntos actos de tráfico y abuso sexual.
La fiscalía aseguró contar con testimonios que señalan directamente a Eva García como facilitadora y encubridora de abusos, así como de esquemas de manipulación y lavado. De acuerdo con los fiscales, sus recursos económicos y redes de apoyo le permitirían escapar del país. Sin embargo, la defensa sostiene que el rol de García en la iglesia ha sido el de “esposa y madre, dedicada a la caridad y a repartir comida, no a dirigir una empresa criminal”. Aseguran que no tiene antecedentes penales y que desde hace 12 años ha llevado una vida estable en Los Ángeles, donde residen sus otros hijos y 18 nietos y bisnietos.
La defensa añadió que el viaje que García realizó en agosto a Guadalajara fue parte de una visita anual para encabezar obras de caridad en Jalisco, y no un intento de fuga. En su argumentación, la abogada Chaudhry señaló: “Al considerar ese contexto, simplemente no resulta realista imaginar que una mujer frágil de ochenta años, que no habla inglés, que necesita ayuda para desplazarse por aeropuertos y depende de otros para su movilidad, pudiera orquestar con éxito una fuga clandestina, separarse de sus médicos y de su familia multigeneracional en Estados Unidos, y vivir como fugitiva en el extranjero”.
Para asegurar que no escape, la defensa propuso a la jueza un conjunto de medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas se incluye la fijación de una fianza de cinco millones de dólares, de los cuales dos millones quedarían garantizados de inmediato con diversas propiedades. Además, ocho familiares directos pondrían sus propias casas como respaldo. Asimismo, solicitaron que García sea colocada bajo arresto domiciliario con monitoreo mediante un grillete electrónico con GPS, junto con el retiro de su pasaporte.
El equipo legal advirtió que estas medidas servirían también para proteger la salud de Eva García. Señalaron que, aunque inicialmente fue ubicada en el área de enfermería de la cárcel correccional, posteriormente fue trasladada a una zona de población general, lo que —según la defensa— representa un riesgo para su situación médica. Afirmaron que las condiciones de salud de García requieren supervisión constante y que las medidas propuestas permitirían garantizar tanto su seguridad como su presencia en el proceso judicial.
