La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia interinstitucional para combatir el delito de despojo de inmuebles, que incluye la creación de un gabinete especial, una unidad operativa y reformas legislativas para aumentar las penas hasta 22 años de prisión sin derecho a fianza. El plan busca atender lo que Brugada calificó como “uno de los delitos más graves y dolorosos” para las familias capitalinas, particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
La estrategia se basa en tres ejes principales: el Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos -que opera desde hace cuatro meses bajo la coordinación del secretario de Gobierno, César Cravioto, y la fiscal capitalina Bertha Alcalde-, una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo adscrita a la Secretaría de Gobierno, y un paquete de reformas legales que se presentará ante el Congreso local. Las modificaciones propuestas buscan ampliar la definición del delito para incluir nuevos esquemas fraudulentos y establecer penas más severas, especialmente cuando participen servidores públicos o se afecten zonas con valor ecológico o patrimonial.
Según datos de la Fiscalía capitalina, en 2025 se han registrado 2,245 denuncias por despojo, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. Las alcaldías más afectadas son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Las reformas plantean incrementar las penas base de 6 a 11 años de prisión, y hasta 22 años para casos agravados que involucren violencia, simulación de actos jurídicos o participación de notarios y funcionarios públicos.
El gabinete interinstitucional cuenta con la participación del Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Registro Público de la Propiedad, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario, Consejería Jurídica y la Comisión de Derechos Humanos. Brugada destacó que el despojo de inmuebles es un delito multifactorial vinculado a vacíos legales, corrupción y redes criminales que operan con impunidad, por lo que requiere un abordaje integral que combine prevención, atención inmediata y fortalecimiento del marco jurídico.
Como parte de las medidas preventivas, el gobierno capitalino lanzará una campaña de concientización para enseñar a la población a identificar prácticas fraudulentas en trámites inmobiliarios. La estrategia también contempla mecanismos cautelares para proteger a las víctimas y su patrimonio desde el momento en que se detecta el riesgo, así como protocolos especiales para grupos vulnerables como adultos mayores, pueblos indígenas y mujeres embarazadas.
Las reformas propuestas incluyen agravantes específicos para casos donde se causen daños físicos al inmueble, se impida materialmente su uso o se simulen actos jurídicos como compraventas falsas ante notarios. Brugada enfatizó que el objetivo no solo es castigar a los responsables, sino prevenir que los despojos se consoliden legalmente, protegiendo especialmente a quienes han perdido sus viviendas por engaños o abuso de confianza.
La fiscal Bertha Alcalde detalló que las modificaciones legales permitirán una persecución más eficaz de los delitos patrimoniales, combatiendo esquemas que hasta ahora no estaban tipificados. La Unidad Operativa Especializada contra el Despojo atenderá caso por caso con un enfoque interdisciplinario que combine acciones legales, protección a víctimas y recuperación de inmuebles.
Esta estrategia representa el esfuerzo más ambicioso emprendido por el gobierno capitalino contra el despojo de viviendas, un problema que según las autoridades ha crecido en complejidad y sofisticación en los últimos años. El paquete legislativo se presentará en las próximas semanas al Congreso local, donde se analizará junto con organizaciones civiles y especialistas en derecho patrimonial.
