Un juez federal en New Hampshire bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados y personas con visas temporales. El juez Joseph Laplante determinó que la medida causaría un “daño irreparable” y suspendió su entrada en vigor, prevista para el 27 de julio, mientras se resuelve la demanda presentada por la ACLU y grupos proinmigrantes.
La polémica orden ejecutiva, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, buscaba modificar la interpretación tradicional de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense. La medida afectaría principalmente a hijos de inmigrantes indocumentados, así como a aquellos cuyos padres tengan estatus migratorio temporal, como estudiantes o turistas.
El juez Laplante, en su fallo, describió la ciudadanía como “el mayor privilegio que existe en el mundo” y advirtió que privar de este derecho a niños nacidos en EE.UU. generaría consecuencias graves e irreversibles. Aunque concedió un plazo de siete días para posibles apelaciones, su decisión impide, por ahora, que la orden entre en vigor.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones presentaron una demanda colectiva en representación de niños que hubieran perdido su derecho a la ciudadanía bajo la nueva política. Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó el fallo como un triunfo contra una orden “ilegal, inconstitucional y cruel”.
“Esta decisión protege a todos los niños del país de ser convertidos en una subclase sin derechos plenos”, declaró Wofsy. La ACLU argumentó que la medida de Trump violaba principios constitucionales establecidos desde hace más de un siglo.
La Casa Blanca defendió la orden ejecutiva como un intento de “proteger el valor de la ciudadanía estadounidense”. Abigail Jackson, portavoz de la administración Trump, insistió en que la medida buscaba restaurar la “intención original” de la Enmienda 14, aunque no detalló cómo se alinearía con precedentes legales históricos.
Esta no es la primera vez que Trump intenta modificar las reglas de ciudadanía por nacimiento. Durante su primer mandato, ya había sugerido eliminar este derecho mediante una orden ejecutiva, pero nunca la implementó ante advertencias de inconstitucionalidad.
El fallo en New Hampshire llega en un momento clave, luego de que la Corte Suprema limitara la capacidad de los jueces federales para emitir órdenes de alcance nacional, excepto en casos de demandas colectivas. La ACLU presentó su caso el mismo día que se conoció esta decisión del alto tribunal, asegurando así una protección más amplia.
Además del caso en New Hampshire, se han presentado demandas similares en Maryland y Washington, donde jueces también han frenado temporalmente la orden ejecutiva. Estos bloqueos judiciales reflejan la fuerte oposición legal que enfrenta la medida y subrayan el consenso sobre la importancia de mantener la ciudadanía por nacimiento como un derecho fundamental.
La administración Trump tiene ahora siete días para apelar la decisión del juez Laplante. Si lo hace, el caso podría escalar a cortes de apelaciones e, incluso, llegar nuevamente a la Corte Suprema, donde la mayoría conservadora podría tener la última palabra.
Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles han anunciado que continuarán litigando en todos los frentes para evitar que la orden entre en vigor. Activistas proinmigrantes advierten que, de implementarse, la medida crearía “una generación de apátridas” dentro de EE.UU., algo sin precedentes en la historia del país.
