Un juez en materia migratoria de Estados Unidos determinará el próximo 12 de noviembre si deporta o no al empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien tiene una orden de aprehensión pendiente de ejecutarse en México por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) mediante un comunicado oficial.
De acuerdo con información proporcionada por la FGR, Álvarez Puga se encuentra actualmente recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida, específicamente en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome North, después de que el pasado 17 de octubre un juez migratorio estadounidense determinara inicialmente su deportación, decisión que fue impugnada mediante un recurso legal presentado por los abogados defensores del empresario. “Desde el 17 de octubre pasado, un Juez migratorio estadounidense determinó la deportación de dicha persona, ante lo cual sus abogados, en ese país, recurrieron esa orden de deportación, sobre la cual se pronunciará la autoridad, el próximo miércoles 12 de noviembre”, informó la institución ministerial mexicana.
La Fiscalía General de la República señaló que el empresario cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, así como por defraudación fiscal en la Fiscalía Especializada de Control Competencial, cargos que forman parte de las investigaciones que se le siguen en México por su presunta participación en esquemas de corrupción y desvío de recursos públicos.
La institución federal indicó que en su momento la Agencia de Investigación Criminal (AIC) solicitó formalmente a INTERPOL que se emitiera la ficha roja de localización y la detención internacional contra el empresario mexicano, solicitud que fue concedida, publicada y se mantiene vigente en el sistema de la organización policial internacional, lo que facilita la cooperación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas para su eventual repatriación.
Añadió que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales también había solicitado previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que realizara los trámites correspondientes ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional de Álvarez Puga con fines de extradición, un proceso legal separado que podría activarse dependiendo del resultado de la audiencia migratoria programada para el 12 de noviembre y de las determinaciones que tomen las autoridades judiciales de ambos países.
La confirmación de la detención migratoria de Víctor Manuel Álvarez Puga se dio a conocer ayer mediante los registros oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), que ubicaron al empresario en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome North, una instalación de detención migratoria ubicada en las afueras de Miami, Florida, especializada en albergar a extranjeros pendientes de resolver su situación legal en el país o sujetos a procesos de deportación.
El caso de Álvarez Puga ha captado significativa atención mediática en México debido no solo a los cargos penales que enfrenta, sino también al perfil público de su esposa, Inés Gómez Mont, reconocida conductora de televisión que igualmente enfrenta procesos legales relacionados con las mismas investigaciones por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque en diferente estado procesal.
La audiencia del 12 de noviembre representa un momento crucial en este caso legal internacional, ya que la decisión del juez migratorio estadounidense podría allanar el camino para la deportación inmediata del empresario a México, donde enfrentaría los cargos pendientes en su contra, o bien, prolongar su estancia en Estados Unidos mientras se resuelven otros recursos legales que podrían presentar sus defensores en el sistema judicial de ese país.
Las autoridades mexicanas han mantenido una postura firme respecto a la necesidad de que Álvarez Puga enfrente a la justicia en México, argumentando la existencia de evidencias sustanciales que vinculan al empresario con operaciones financieras irregulares y presuntos desvíos de recursos públicos durante administraciones anteriores, según han documentado en las investigaciones que se le siguen en los tribunales federales mexicanos.
