La Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a Uber para que pueda operar en todos los aeropuertos del país, mediante una medida cautelar que impide a la Guardia Nacional realizar detenciones a los viajes generados a través de la plataforma de transporte privado mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la empresa.
Los efectos de la medida cautelar otorgada por la juez Adriana Judith Uribe Vidal están dirigidos específicamente a evitar que elementos de la Guardia Nacional realicen detenciones a conductores que estén realizando viajes con Uber en cualquier aeropuerto del territorio nacional, proporcionando así seguridad jurídica temporal a los socios conductores que utilizan la plataforma para ofrecer servicios de transporte en zonas aeroportuarias.
En un comunicado oficial emitido por la empresa, Uber señaló que “se confirma que los conductores de Uber pueden llevar y recoger a usuarios de los aeropuertos mexicanos. Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”, estableciendo así su postura frente al conflicto legal que mantenía con las autoridades respecto a la operación en estos espacios considerados de jurisdicción federal.
La compañía indicó que con esta medida cautelar de carácter definitivo, los conductores que estén realizando viajes usando la aplicación de Uber, en los más de 70 aeropuertos del país, no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal de los aeropuertos durante todo el tiempo que dure la resolución del juicio de amparo promovido por la empresa, lo que representa un alivio significativo para miles de socios conductores que dependen de estos viajes como parte de su sustento económico.
Uber expresó su confianza en que “esta suspensión quede asentada en una resolución final, tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentran los aeropuertos del país en este momento: el próximo año se celebrará el Mundial de Futbol en México, y es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta”, argumentando así la relevancia de contar con servicios de transporte diversificados en los aeropuertos ante la próxima llegada de visitantes internacionales.
Adicionalmente, la empresa hizo un llamado a las autoridades federales para que cumplan cabalmente con esta suspensión definitiva, y al Congreso de la Unión para que legisle sobre el tema con el objetivo de mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional, “reafirmando que las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios, que son la carta de presentación de México hacia el mundo”, según expuso en su declaración pública.
La suspensión definitiva representa un avance significativo en el largo conflicto legal que Uber ha mantenido con las autoridades mexicanas respecto a su operación en aeropuertos, donde tradicionalmente han existido restricciones y regulaciones específicas para los servicios de transporte que operan en estas zonas consideradas de jurisdicción federal y que frecuentemente están sujetas a contratos de exclusividad con concesionarios de transporte terrestre.
La resolución judicial establece que la medida de protección sólo aplica para quienes estén realizando un viaje activo con Uber en cualquier aeropuerto del país, es decir, conductores que tengan pasajeros a bordo o que se encuentren en proceso de recoger a usuarios que han solicitado el servicio a través de la plataforma, delimitando así el alcance de la protección jurídica a las operaciones concretas de transporte y no necesariamente al estacionamiento o espera prolongada en zonas aeroportuarias.
El juicio de amparo que dio origen a esta suspensión definitiva continuará su curso en los tribunales federales, donde se determinará finalmente si las restricciones impuestas a Uber para operar en aeropuertos violan o no derechos constitucionales de la empresa y sus socios conductores, en un proceso legal que podría extenderse por varios meses antes de llegar a una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.
