El exgobernador de Veracruz Javier Duarte ha solicitado su liberación anticipada del Reclusorio Norte, en Ciudad de México, según confirmaron fuentes penitenciarias y la defensa del político a El País. Duarte, exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue sentenciado en 2018 por el desvío de 1,670 millones de pesos del erario veracruzano, así como por blanqueo de recursos y delincuencia organizada. La solicitud de excarcelación llega después de que el exmandatario fuera exonerado del delito de desaparición forzada, lo que despejó su camino para acceder al beneficio legal. Su salida dependerá de una audiencia judicial programada para el 12 de noviembre en el centro judicial del reclusorio.
Duarte, de 51 años, fue parte de una generación de jóvenes priistas que prometían una renovación política, pero terminaron involucrados en escándalos de corrupción. El periodista Zedryk Raziel informó que, de acuerdo con su abogado Pablo Campuzano, el exgobernador ya ha cumplido más del 70% de su condena, lo que lo hace elegible para solicitar su liberación. La audiencia inició el lunes de esta semana, pero la jueza del caso decretó un receso, dejando la decisión final en suspenso. La Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado la solicitud, lo que podría retrasar o impedir su salida.
A pesar de la incertidumbre judicial, Javier Duarte se muestra confiado en su inminente excarcelación. De acuerdo con fuentes penitenciarias citadas por el medio, el exmandatario ya se despidió de sus compañeros de prisión la noche del sábado. En el Dormitorio 2 del Reclusorio Norte, donde cumple su condena, se habría realizado una reunión de despedida con mariscos, refrescos y bebidas alcohólicas. En ese espacio también se encuentran otros reclusos de alto perfil, como Christhian Von Roehrich, exalcalde acusado de formar parte del Cártel Inmobiliario; René Gavira, extesorero de Segalmex, implicado en un millonario desfalco; y José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante esa misma jornada, Duarte comenzó a repartir sus pertenencias entre otros internos, gesto que varios interpretaron como una señal de que considera segura su salida. La defensa confirmó que el exgobernador mantiene una actitud optimista y que su solicitud cumple todos los requisitos previstos por la ley. “Él tiene derecho, es un beneficio que prevé la ley y cumple con todos los requisitos”, explicó el abogado Pablo Campuzano, quien reiteró que su cliente no enfrenta ninguna causa penal pendiente.
El caso Duarte: de Veracruz a Guatemala y regreso
El nombre de Javier Duarte de Ochoa quedó marcado por uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de México. Diversos reportajes periodísticos documentaron cómo el exgobernador desvió miles de millones de pesos del presupuesto estatal mediante una red de empresas fantasma y testaferros. La investigación reveló un entramado de contratos simulados y transferencias ilícitas que afectaron las finanzas de Veracruz entre 2010 y 2016, periodo en el que Duarte ocupó la gubernatura.
El escándalo tuvo repercusiones nacionales. Golpeó la ya debilitada imagen del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, quien finalmente se deslindó de su correligionario. Bajo una fuerte presión mediática y política, Duarte solicitó licencia al cargo en 2016, argumentando que se separaba del puesto para enfrentar la justicia. Sin embargo, poco después se dio a la fuga y fue capturado en Guatemala meses más tarde, en abril de 2017. Posteriormente, fue extraditado a México, donde enfrentó varios procesos judiciales.
En 2018, un juez lo condenó a nueve años de prisión tras aceptar su culpabilidad en un procedimiento abreviado. No obstante, organizaciones civiles como Tojil denunciaron que los fiscales modificaron la acusación original de delincuencia organizada por asociación delictuosa, un delito con penas más bajas. Según la organización, esta modificación representó un posible acto de corrupción institucional que permitió reducir su condena.
El proceso judicial y las condiciones de su sentencia
Durante su estancia en prisión, Duarte enfrentó un nuevo proceso por obstrucción de una investigación sobre desaparición forzada, delito que se agravó durante su administración. Sin embargo, en noviembre de 2024, un juez federal lo exoneró de esa acusación, dejándolo sin causas pendientes. Esto le permitió, de acuerdo con su defensa, cumplir los requisitos para solicitar la preliberación contemplada en la ley penitenciaria mexicana.
El abogado Pablo Campuzano explicó que la solicitud se basa en el buen comportamiento del interno y en haber cumplido la mayor parte de su condena. “Cada día privado de la libertad es un día lejos de su familia. Aunque falten pocos meses, aprovecharemos toda oportunidad para lograr su libertad”, indicó el jurista.
Aun así, la FGR mantiene su oposición al beneficio. Según la defensa, el único escenario que podría obstaculizar la salida de Duarte es que Guatemala autorice procesarlo por delitos distintos a los que motivaron su extradición en 2016. “Eso no se ha dado, pero si se diera, se peleará en tribunales”, afirmó Campuzano.
Entorno personal y contexto político
El exgobernador fue expulsado del PRI en octubre de 2016 tras la acumulación de denuncias por corrupción. Pese a ello, durante los primeros años posteriores a su detención se le vinculó con presuntos favores judiciales dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial. Mientras tanto, su esposa, Karime Macías, señalada como parte de la red de corrupción, vive en Londres en libertad, donde enfrenta un proceso de extradición pendiente.
La resolución judicial del 12 de noviembre será decisiva para determinar si Javier Duarte recupera su libertad antes de abril de 2026, fecha originalmente prevista para su excarcelación. El caso continúa generando atención nacional por las implicaciones políticas y judiciales que representa uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Veracruz.
Con su solicitud de liberación anticipada, Duarte intenta cerrar un capítulo que marcó a la política mexicana, mientras la sociedad permanece atenta a la resolución que definirá si el exgobernador podrá abandonar el Reclusorio Norte en los próximos días o deberá cumplir hasta el último mes de su sentencia.
