La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por presuntos vínculos entre altos mandos de las dos administraciones pasadas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y tres cárteles del narcotráfico para extorsionar a empresarios gasolineros en todo el país.
La carpeta de investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024 alcanza a los extitulares Ricardo Sheffield, actual senador por Morena, y David Aguilar Romero, así como a una veintena de exfuncionarios federales divididos en los grupos “Guanajuatenses” y “Grupo Monterrey”. La investigación se basa en el testimonio clave de un excolaborador identificado como “Pablo”, quien declaró el 5 de febrero de 2025 ante la agente del Ministerio Público Federal, María Méndez Speckman.
Una investigación publicada por La Silla Rota asegura que, según el testimonio de “Pablo”, en la Profeco existía una red de servidores públicos que exigían cuotas a aproximadamente seis mil gasolineras y coordinaban con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos para el cobro de las extorsiones.
Los empresarios que se negaban a pagar las “vacunas” eran amenazados por sicarios o exhibidos en el espacio “Quién es quién en combustibles”, donde el exprocurador Ricardo Sheffield denunciaba gasolineras por cobros excesivos. El testigo detalló que Sergio Arturo Iturbe, director de la Oficina de Defensa al Consumidor en Guerrero, hizo alianza con Guerreros Unidos para mover el dinero recaudado a nivel nacional.
El testimonio también implicó a Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de Administración, cuya logística de recaudación de “moches” estaba organizada y ejecutada por el Cártel Santa Rosa de Lima. Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora de Verificaciones y actual diputada de Morena, habría comentado al testigo que el cártel Jalisco Nueva Generación le brindaba protección a cambio de pagos con parte del dinero recaudado.
Para corroborar estos dichos, la FGR solicitó a un juez la intervención telefónica de personas relacionadas con las extorsiones y entrevistó a empleados de gasolineras en Ciudad de México y Estado de México.
Agentes federales identificaron a tres sujetos encargados de intimidar y cobrar entre 20 y 25 mil pesos mensuales a dueños de gasolineras en la CDMX: Arturo N, José de Jesús N “El Pelón” y Miguel N, presuntamente contrarios al “Grupo Monterrey” liderado por Cuauhtémoc Villarreal Martínez, exsubprocurador de Verificaciones entre 2019 y 2022.
Según el reporte las pesquisas confirmaron la existencia de las “vacunas” y que los cobros se calculaban en función del número de estaciones que poseía cada empresario. Las cuotas pagadas se registraban en un listado en Excel que supuestamente se compartía directamente con Sheffield y posteriormente con Aguilar Romero, a cambio de avisos sobre verificaciones o evitar acusaciones de irregularidades administrativas.
Aunque en 2022 hubo ceses de personal de Profeco por las extorsiones, luego de denuncias de empresarios, el esquema continuó según las investigaciones de FEMDO. El testigo “Pablo” relató haber estado en reuniones entre Aguilar Romero, De la Peña Gutiérrez y Sheffield, incluyendo una en septiembre de 2023 en el departamento de Sheffield donde se planeó la división del dinero ante la inminente precampaña de Sheffield para la gubernatura de Guanajuato. La FGR cuenta con capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y David Aguilar Romero donde el testigo enviaba listas de gasolineras que cumplieron con los pagos exigidos.
El exprocurador y actual senador Ricardo Sheffield, al ser consultado, respondió que “no tiene conocimiento ni ha sido notificado” sobre ninguna carpeta de investigación en la que se le mencione. El informe policial SSPC/CONASE/AI/0260/2025 recoge testimonios de agentes federales que acreditaron el esquema de extorsiones a través de terceros pertenecientes a la delincuencia organizada. Incluye declaraciones de empleados gasolineros, como José N de la gasolinera Vía Láctea en Iztapalapa, quien describió cómo personas que decían ser de Profeco amenazaban con suspender operaciones si no se realizaban pagos.
Los empresarios gasolineros han denunciado en los últimos años diferentes mecanismos de extorsión y amenazas por parte de cárteles en presunta colusión con personal de Profeco, esquema que aparentemente continúa despite los despidos realizados en 2022.
