La Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) del Congreso de Morelos investiga a Uriel Carmona Gándara, ex titular de la Fiscalía General del Estado, por el presunto desvío de más de $256 millones de pesos durante su gestión en 2023. José Blas Cuevas Díaz, titular del órgano fiscalizador, detalló que las irregularidades incluyen pagos a honorarios, facturas canceladas y viajes al extranjero no justificados, lo que podría configurar un esquema de simulación.
La revisión practicada por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) encontró múltiples anomalías en el manejo de recursos durante la gestión de Carmona Gándara, quien fue destituido en febrero de 2025. Entre los hallazgos destacan pagos irregulares en nómina, facturas canceladas en el sistema y gastos en viajes internacionales a Sudamérica y Europa sin una justificación clara.
Cuevas Díaz explicó que el exfuncionario ha utilizado tácticas evasivas para evitar ser notificado oficialmente de las observaciones. “Hemos intentado notificarlo en cinco domicilios diferentes sin éxito”, señaló el auditor. Aunque no puede ser declarado prófugo por la ESAF, de continuar con esta actitud, el caso podría escalar a instancias judiciales.
Si Carmona Gándara no responde a las observaciones o no concluye el proceso de fiscalización, la ESAF turnará el caso completo al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía Anticorrupción. Estas dependencias estarían facultadas para iniciar acciones legales en su contra por el presunto desvío de los $256 millones de pesos.
El auditor mencionó que, de acuerdo con la ley, se procederá a realizar notificaciones por edictos ante la negativa del exfiscal de recibir las observaciones personalmente. Este método de notificación es el último recurso antes de que el caso pase a manos de las autoridades judiciales.
La investigación se da en un contexto de creciente escrutinio a los manejos financieros de administraciones pasadas en Morelos. Cabe destacar que la destitución de Carmona Gándara en febrero de 2025 no estuvo relacionada con la solicitud de desafuero del gobernador Cuauhtémoc Blanco, según había aclarado en su momento el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
