La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inhabilitó por un año a Salvador Leyva Morelos, extitular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), por gestionar de forma “irregular” el acceso del periodista Ricardo Raphael al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 de Morelos en 2019. La sanción, aprobada por unanimidad el 17 de junio de 2025, responde a que Leyva habría facilitado las entrevistas de Raphael con Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz, dos víctimas del controvertido caso Wallace, sin seguir los protocolos establecidos.
El fallo considera que Leyva cometió abuso de funciones al presentar al comunicador como parte de su equipo técnico ante las autoridades penitenciarias, lo que permitió eludir los procedimientos habituales para visitas externas. Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas de organizaciones como Artículo 19, que la califican como un ataque al periodismo de investigación. “Es una represalia por las publicaciones de Raphael que expusieron irregularidades en el caso Wallace”, denunció Leopoldo Maldonado, director de la organización.
El expediente documenta que el 27 de septiembre de 2019, Leyva y Raphael ingresaron al penal de máxima seguridad para mujeres, donde se encontraban las procesadas. La investigación administrativa (A/99/2020) inició en octubre de 2020 por presuntas faltas que incluían nepotismo y enriquecimiento oculto, aunque finalmente se centró en el episodio del Cefereso. Leyva defendió su actuación argumentando que buscaba “combatir la tortura” mediante la difusión pública del caso, y acusó parcialidad en la investigación por supuestos vínculos entre la ministra Norma Piña y la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace.
El caso Wallace, que data de 2006, gira en torno a la acusación que Miranda hizo contra seis personas por el secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto. La investigación periodística de Raphael cuestionó las irregularidades procesales y torturas en el caso, lo que eventualmente llevó a la liberación de algunos imputados. Para Artículo 19, sancionar a Leyva por facilitar este escrutinio público representa un peligroso precedente contra la transparencia judicial.
En su recurso de reconsideración ante el Pleno del CJF, el exfuncionario insistió en que actuó de buena fe y que su inhabilitación obedece a intereses políticos. La Comisión de Disciplina rechazó estos argumentos, considerando probado que excedió sus atribuciones para beneficiar a un tercero. La resolución coincide con la transición hacia el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al CJF como parte de la reforma judicial.
Organizaciones de derechos humanos han alertado que este fallo podría inhibir la colaboración entre funcionarios y periodistas en casos de interés público, particularmente aquellos que involucren posibles violaciones a derechos humanos. El debate subraya la tensión entre los protocolos institucionales y la necesidad de transparencia en un sistema judicial frecuentemente cuestionado por opacidad.
