Una nueva controversia sacudió este martes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que la consejera Carla Humphrey Jordan se deslindara públicamente de la contratación de una empresa señalada en la trama de desvíos conocida como la “estafa maestra” para producir una miniserie sobre la elección judicial pasada, decisión que profundizó el clima de tensión interna en el organismo electoral.
El conflicto se originó por la adjudicación directa de un contrato para realizar la miniserie titulada “Elección sin precedente”, relacionada con el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. La contratación fue realizada en noviembre pasado por la Dirección General de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, sin licitación y sin notificar previamente al Consejo General, máximo órgano de decisión del instituto.
Desde su cuenta de X, la consejera Humphrey reaccionó a una nota de la periodista Andrea Meraz, publicada el 21 de enero en Fórmula Noticias, en la que se dio a conocer que el contrato fue asignado a Gilberto Solís Mendívil, vinculado a los desvíos de recursos operados a través del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo en el caso de la Estafa Maestra. Humphrey afirmó que se deslinda “completamente de la idea y de la contratación de la mini serie”.
La consejera añadió: “Naturalmente me distancio también del proceso de adjudicación en el que participaron varias personas, algunas que al parecer perciben recursos del propio instituto, aunque varias en su momento formaron parte de la misma agencia de publicidad”. Con ello, señaló un posible conflicto de interés en el procedimiento, lo que añadió un nuevo elemento de opacidad a la polémica.
De acuerdo con la adjudicación AD-0151-2025, consultada por Proceso, el contrato asciende a un millón 57 mil pesos y fue otorgado por el área encabezada por Iliana Aracelí Hernández Gómez. Esta dirección depende jerárquicamente de la Secretaría Ejecutiva del INE, a cargo de Claudia Arlett Espino, quien a su vez responde directamente a la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala. Algunos integrantes del Consejo General han cuestionado a Taddei por concentrar atribuciones que le permiten tomar decisiones relevantes sin pasar por ese órgano colegiado.
El contrato fue entregado a la empresa GSM Comunicación y Publicidad, propiedad de Solís Mendívil, para el “servicio de producción de un video documental (miniserie documental) ‘Historia del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Elección Sin Precedentes’”. El proyecto contempla la elaboración de dos videos de 30 minutos cada uno.
Según los términos del servicio, los materiales “deberán contener una narración de los aspectos más relevantes de la coordinación histórica entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para llevar a cabo el Proceso Electoral Extraordinario”, con un eje transversal centrado en “los retos de una elección inédita”.
La adjudicación se realizó pese a que Solís Mendívil fue mencionado en el juicio de Sergio Islas Olvera, exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo, organismo utilizado en los esquemas de desvío de recursos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En ese proceso judicial, Solís apareció como uno de los contratistas involucrados en la dispersión de recursos hacia empresas fantasma.
La revelación del contrato y el deslinde público de la consejera Humphrey agravaron el ambiente interno en el INE, donde los integrantes del Consejo General se enteraron de la contratación apenas la semana pasada, lo que detonó cuestionamientos sobre los mecanismos de decisión y control dentro del instituto.
