Un ataque con artefactos hechizos, perpetrado con drones, fue ejecutado la noche del miércoles contra las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicadas sobre la Avenida del Picacho, en la colonia Playas de Tijuana. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente se investiga bajo el supuesto de terrorismo y se registró alrededor de las 19:06 horas, cuando se reportaron detonaciones en el lugar, tras lo cual elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al sitio y confirmaron que tres drones habían arrojado explosivos “hechizos” sobre los patios del inmueble.
La fiscal general del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que los artefactos no eran bombas molotov ni explosivos, sino dispositivos construidos con clavos balines y fragmentos metálicos dentro de botellas de plástico. Esta caracterización técnica de los artefactos utilizados permite diferenciar el modus operandi del ataque de otros incidentes similares registrados previamente en la región.
Los artefactos causaron daños en tres vehículos particulares y un vehículo oficial de la FGE, principalmente en carrocerías y cristales, sin que se reportaran personas lesionadas ni incendios. La naturaleza de los daños materiales sugiere que el objetivo del ataque era intimidatorio más que causar víctimas humanas o destrucción masiva de las instalaciones ministeriales.
La titular de la FGE informó que al momento del ataque, la unidad antisecuestros mantenía bajo custodia a un detenido por extorsión de alto riesgo, aunque evitó revelar más detalles para no entorpecer el proceso judicial. “Acabamos de detener a una persona por extorsión de mucho riesgo; en su momento daremos más información. Ahora no estamos en condiciones por el debido proceso penal”, señaló la funcionaria estatal.
La fiscal agregó que este hecho podría estar relacionado con los ataques registrados en septiembre en Tijuana y Ensenada, donde se reportaron quemas de vehículos y agresiones con drones, como presunta reacción a las recientes detenciones de diversas células criminales. Esta conexión establecería un patrón de retaliación por parte de grupos delictivos contra las operaciones de la fiscalía estatal.
Entre ellas, mencionó la desarticulación de la célula de “Speed”, con 12 detenidos incluido su líder; la de “Mechacirta”, con cinco integrantes capturados; y la de “Súper”, con tres detenidos y su líder aún prófugo. También recordó las capturas de “Mario Bros” Rubí y su yerno “El Muletas”, así como las de “El Pantera”, señalado por el asesinato de dos elementos de la Guardia Nacional, y “El Legazpi”, quien operaba en San Quintín. La enumeración de estas operaciones exitosas contra el crimen organizado proporciona contexto sobre las posibles motivaciones detrás del ataque con drones.
Tras el ataque, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo especial de vigilancia en la zona de Playas de Tijuana. Durante el patrullaje, elementos de la Guardia Nacional detectaron un dron que sobrevolaba por lo que dispararon, sin lograr derribarlo, momento que quedó registrado en video. Este intento de neutralizar una aeronave no tripulada sospechosa demuestra el nivel de alerta mantenido después del incidente inicial.
La fiscal María Elena Andrade Ramírez explicó que aún no se ha determinado el origen ni la procedencia del dron, y que será parte de las investigaciones en curso. Asimismo confirmó que el caso se investiga bajo la línea de terrorismo, mientras se avanza en las diligencias para identificar y detener a los responsables del atentado. La calificación del hecho como acto terrorista implica un marco legal diferente para el procesamiento de los culpables, con penas potencialmente más severas.
El ataque contra la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro representa una escalada en las tácticas de grupos criminales para intimidar a las autoridades y dificultar las operaciones contra el secuestro y la extorsión. El uso de drones como plataformas de ataque añade un componente tecnológico que presenta nuevos desafíos operativos para las fuerzas de seguridad.
La ubicación específica del inmueble atacado, en la colonia Playas de Tijuana, sitúa el incidente en una zona de alta visibilidad dentro de la ciudad, lo que refuerza el carácter demostrativo del acto. La selección de este objetivo particular, especializado en el combate al secuestro, sugiere una retaliación dirigida contra una unidad específica de la fiscalía con resultados documentados en la desarticulación de células criminales.
La respuesta coordinada de las corporaciones policiales después del ataque permitió implementar medidas de seguridad perimetral y realizar patrullajes preventivos en la zona afectada. La participación de la Guardia Nacional en estas labores refleja el enfoque de seguridad multinivel que se aplica en Baja California para enfrentar las amenazas del crimen organizado.
La investigación del caso continuará con el análisis de la evidencia recolectada en el lugar de los hechos, incluyendo los fragmentos de los artefactos explosivos y la revisión de videograbaciones de los sistemas de seguridad en el perímetro. Los resultados de estas diligencias determinarán los siguientes pasos en el proceso para identificar a los responsables intelectuales y materiales del ataque con drones contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
