Un tribunal impuso una sentencia histórica de 141 años y tres meses de prisión contra diez hombres involucrados en los delitos de desaparición forzada y homicidio ocurridos en el Rancho Izaguirre, donde se encontró una persona sin vida y se liberó a dos víctimas más. Los condenados deberán pagar además 1.3 millones de pesos por reparación del daño.
Los acusados Lennin “N”, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N” fueron declarados culpables de tres delitos en agravio de tres víctimas: desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado. El tribunal consideró todas las agravantes para imponer una de las condenas más altas registradas por este tipo de delitos en la región.
El fallo judicial marca un precedente en casos de desaparición forzada cometida por particulares, demostrando la gravedad con que el sistema judicial mexicano está abordando estos crímenes. Los condenados permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad.
Los sentenciados fueron detenidos en septiembre pasado en el Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron a verificar reportes de detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento que permitió el acceso al rancho.
En el operativo se logró la liberación de dos personas que se encontraban privadas de su libertad y el hallazgo de un cuerpo sin vida. Las investigaciones posteriores revelaron que las víctimas habían sido sometidas a tortura y otros tratos crueles antes de su rescate y el descubrimiento del homicidio.
El caso del Rancho Izaguirre conmocionó a la población de Teuchitlán, municipio tradicionalmente tranquilo ubicado a 60 km de Guadalajara. Las autoridades han reforzado la seguridad en la zona tras descubrirse que el rancho era utilizado como centro de operaciones del crimen organizado.
Organismos de derechos humanos han calificado la sentencia como un paso importante en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada, aunque han llamado a continuar las investigaciones para identificar a posibles cómplices intelectuales de estos crímenes.
El juicio se desarrolló durante ocho meses en el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, donde se presentaron pruebas forenses, testimonios de sobrevivientes y evidencia balística que vinculó directamente a los acusados con los delitos. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó el pago colectivo de 1.3 millones de pesos para reparar el daño a las víctimas y sus familias.
