El exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas utilizó un decreto federal sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como instrumento de operación política y construcción de redes clientelares, de acuerdo con el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra en coautoría con Jorge Fernández Menéndez, cuyo contenido fue adelantado en exclusiva por Proceso y que será publicado por Planeta a partir del 11 de febrero.
De acuerdo con el libro, el 25 de agosto de 2022 el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que estableció una «compensación vitalicia por justicia social» para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
La disposición fue presentada como un acto de reparación para quienes quedaron en el limbo laboral tras la extinción del organismo en 2009, aunque el texto sostiene que la medida careció de sustento jurídico y financiero, generó un pasivo cercano a los 27 mil millones de pesos y derivó en la fractura del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El capítulo del libro señala que la implementación del programa fue resultado de una operación política encabezada por Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero presidencial, quien —según los autores— influyó de manera decisiva para convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en marcha el esquema, pese a que la mayoría de los beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a la ley tras la desaparición de LyFC.
La obra relata que Jesús Ramírez Cuevas recibió la encomienda directa del presidente para atender el tema de los extrabajadores. En la conferencia matutina del 13 de octubre de 2021, López Obrador lo señaló públicamente como responsable del asunto. “Estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón. Jesús tiene esa encomienda”, dijo el mandatario. A partir de ello, se llevaron a cabo reuniones interinstitucionales con dependencias como Hacienda, Gobernación, el Indep y la Consejería Jurídica.
Según el libro, esa encomienda fue utilizada para construir una red de apoyos políticos. El texto sostiene que Ramírez Cuevas empleó el programa para posicionar a sus aliados, intervenir en la vida interna del SME y operar políticamente en favor de Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pese a que —de acuerdo con los autores— la preferencia de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum se inclinaba por Omar García Harfuch.
La historia del conflicto se remonta a octubre de 2009, cuando el entonces presidente Felipe Calderón anunció la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, argumentando ineficiencia y cargas económicas insostenibles. La medida afectó a más de 45 mil trabajadores, de los cuales cerca de nueve mil no alcanzaron la jubilación. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), hoy Indep, fue designado como liquidador. Aunque la mayoría aceptó una indemnización legal, un grupo permaneció en resistencia, fuera de la estructura formal del SME.
El libro describe que, con el cambio de gobierno en 2018, el conflicto encontró un nuevo escenario político. Ramírez Cuevas, colaborador cercano del presidente desde las campañas, asumió el papel de interlocutor entre los extrabajadores disidentes y el Ejecutivo federal. A partir de ese momento, el tema comenzó a adquirir relevancia en la agenda gubernamental.
La obra afirma que la relación entre Ramírez Cuevas y Rosendo Flores, uno de los líderes del grupo disidente, no era nueva. Se menciona que, de acuerdo con publicaciones de La Jornada en 2002, cuando Flores encabezaba el SME, recibió apoyo público en marchas por parte de Carlos Monsiváis, mentor de Ramírez Cuevas. Esa cercanía ideológica y personal habría derivado, años después, en respaldo político y administrativo.
El decreto publicado el 25 de agosto de 2022 otorgó una compensación mensual vitalicia a extrabajadores con al menos 19 años y seis meses de antigüedad que no hubieran accedido a una pensión de LyFC ni formaran parte de otros esquemas. Sin embargo, el libro detalla que una fe de erratas publicada el 29 de agosto modificó las condiciones originales para incluir a personas que ya habían sido liquidadas, ampliando el universo de beneficiarios.
De acuerdo con el texto, la utilización de una fe de erratas para modificar las reglas de acceso al programa forzó la creación de un esquema improvisado, sin planeación presupuestal ni respaldo financiero suficiente. El estudio actuarial del Indep citado en el libro calcula que el pasivo generado por este programa asciende a casi 27 mil millones de pesos hasta el año 2086.
El padrón oficial de beneficiarios sumaba 7 mil 133 personas al cierre de 2023, con un gasto ejercido de 3 mil 537 millones de pesos. Cada beneficiario recibe un monto mensual, un pago anual adicional y un seguro de vida por 350 mil pesos. La Secretaría de Gobernación funge como coordinadora del programa y el Indep como ejecutor, aunque ambas instancias han advertido sobre la insuficiencia de recursos para sostenerlo.
La ejecución financiera del programa, según el libro, se ha visto acompañada de irregularidades adicionales. El Indep reportó en la Cuenta Pública 2023 la absorción de una condonación de cartera hipotecaria por más de 6 mil millones de pesos y la cesión gratuita de inmuebles al Gobierno y a la CFE. Asimismo, se señala que la falta de coordinación entre la Secretaría de Energía, Hacienda y la Comisión Intersecretarial de Gasto Público ha impedido concluir la liquidación de LyFC, pendiente desde 2017.
El SME, de acuerdo con el texto, denunció que el decreto fue negociado con personas sin representación sindical legítima y acusó a Jesús Ramírez Cuevas y a Manuel Bartlett, titular de la CFE, de intervenir para imponer liderazgos afines, lo que habría provocado una ruptura entre el sindicato tradicional y los grupos beneficiados.
En mayo de 2024, durante un acto del Día del Trabajo, extrabajadores encabezados por Rosendo Flores manifestaron públicamente su respaldo a Clara Brugada y agradecieron a Jesús Ramírez por su “intervención histórica”, según se documenta en el libro. En ese contexto, se solicitó la creación de una nueva empresa eléctrica para absorber a los trabajadores aún desempleados.
El capítulo concluye que el caso de LyFC representa un ejemplo de cómo una política pública presentada como justicia social derivó, según los autores, en un uso discrecional de recursos públicos, en la división del movimiento sindical y en la generación de compromisos financieros de largo plazo para el Estado mexicano.
