Augusto Andrés López Estrada, hijo del senador Adán Augusto López, percibió 805 mil pesos de la Cámara de Diputados por prestar servicios como asesor de Morena mientras cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, misma que concluyó hasta 2025. Según documentos oficiales, el joven estuvo vinculado mediante una serie de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales consecutivos por 23 meses, que abarcaron de octubre de 2022 a mayo de 2024, con un pago bruto mensual de 35 mil pesos por cada contrato, generando cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos.
La contratación se realizó durante el periodo en que Ignacio Mier Velazco fungía como Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, mientras que los registros indican que los contratos fueron firmados a través de la Dirección General de Recursos Humanos, a cargo de Rosario Elizabeth Daniel Pablo, quien avaló el procedimiento administrativo. El caso ha abierto un debate sobre el papel de los familiares de políticos dentro de estructuras legislativas, particularmente cuando se trata de jóvenes que aún se encuentran en formación académica y que perciben remuneraciones considerables por actividades descritas como “servicio social”.
La percepción de honorarios mientras realizaba lo que se denominó “servicio social” ha generado cuestionamientos sobre la ética y los límites de la contratación dentro del Congreso. La situación ha colocado nuevamente la figura de Adán Augusto López en el centro de la discusión mediática.
Los documentos oficiales obtenidos detallan que los contratos se extendieron de manera ininterrumpida desde octubre de 2022 hasta mayo de 2024, cubriendo periodos parlamentarios clave y manteniendo al joven López Estrada en la nómina de la Cámara de Diputados mientras simultáneamente completaba su formación académica en derecho. La naturaleza de los servicios profesionales prestados y su compatibilidad con las responsabilidades académicas de un estudiante universitario forman parte del escrutinio público que ha generado este caso.
La coordinación de Morena en la Cámara de Diputados, bajo el liderazgo de Ignacio Mier Velazco durante el periodo de contratación, avaló los procedimientos que permitieron estas contrataciones sucesivas. La Dirección General de Recursos Humanos, encabezada por Rosario Elizabeth Daniel Pablo, cumplió con los requisitos administrativos para formalizar los contratos, aunque la revelación ha impulsado debates sobre los criterios de selección y contratación dentro del poder legislativo mexicano, especialmente cuando involucra a familiares de figuras políticas de alto perfil.
