Hernán Bermúdez Requena, extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, compareció de manera virtual este viernes 19 de septiembre de 2025 ante un juez de control de la Región 9 con sede en Villahermosa, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés de un empresario gasolinero.
El exfuncionario, quien se encontraba en el penal del Altiplano, hizo enlace a través de una plataforma digital ante el juez Ramón Adolfo Brown Ruiz, quien le dictó prisión oficiosa y aceptó la solicitud de duplicidad del término constitucional de 72 horas para definir su situación legal.
La audiencia se centró en los hechos ocurridos en 2019 en agravio del empresario tabasqueño Ramón “N”, fundador del Corporativo Paragas y propietario de una estación de gasolina en la capital del estado que fue asegurada el pasado mes de febrero por la Fiscalía General de la República y el Ejército mexicano por presuntamente distribuir huachicol.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco prepara la imputación formal solicitando que se le vincule a proceso, y se prevé que el juez imponga prisión preventiva de oficio por el delito de secuestro, dado que se trata de una medida cautelar automática en este tipo de casos.
Hernán Bermúdez, también conocido como “El Abuelo”, “Comandante H” o “El Munrra”, fue asegurado en Asunción, Paraguay, el 12 de septiembre después de que el gobierno de ese país determinara que su estancia era irregular por haber ingresado de manera ilegal.
Posteriormente fue expulsado y entregado a autoridades mexicanas, siendo trasladado en el mismo avión utilizado para las extradiciones de los “Chapos” Guzmán. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos huyó de México el pasado 14 de febrero y permaneció prófugo hasta su captura internacional.
Las fuentes de la FGE confirmaron que la defensa del inculpado ejerció su derecho a solicitar la duplicidad del plazo constitucional, lo que extiende el tiempo disponible para que la fiscalía presente todas las pruebas y argumentos necesarios para la vinculación a proceso. Este caso representa uno de los procesos judiciales más significativos en la historia reciente de Tabasco, involucrando a un exfuncionario de alto nivel acusado de delitos graves y presuntos vínculos con el crimen organizado a través del grupo La Barredora, que opera en la entidad y está asociado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
