La Fiscalía General del Estado encontró restos fragmentados de 32 personas en una fosa clandestina ubicada en la comunidad La Calera de Irapuato, de las cuales 15 ya fueron identificadas. El hallazgo se realizó el 30 de julio tras una denuncia por desaparición forzada, pero la información se mantuvo reservada hasta que colectivos de búsqueda exigieron transparencia, lo que obligó a las autoridades a difundir detalles este lunes.
Los trabajos de exhumación, realizados durante cuatro días con maquinaria pesada y perros rastreadores, concluyeron el 2 de agosto. Sin embargo, el silencio institucional durante cinco días generó críticas del colectivo Hasta Encontrarte, que acusó a la Fiscalía de actuar “a espaldas de las familias”. El grupo recordó que prácticas similares ocurrieron bajo la administración anterior y exigió acceso inmediato a la galería fotográfica para facilitar la identificación de víctimas.
En un comunicado, el colectivo cuestionó: “Cuando nosotras encontramos restos, informamos en tiempo real. ¿Por qué la Fiscalía no cumple con la transparencia?”. Horas después, la dependencia emitió un boletín confirmando el hallazgo y explicando que los retrasos se debían a la complejidad forense. “No es un conteo superficial; se requieren pruebas de genética, antropología y odontología”, defendió.
La Fiscalía aseguró que ya notifica a las familias de las 15 víctimas identificadas, aunque sin revelar nombres. “Toda información se basa en dictámenes periciales concluyentes, garantizando transparencia sin comprometer la investigación”, señaló. Pese a esto, organizaciones civiles insisten en que el proceso debe ser más ágil y abierto, especialmente en un estado con más de 3,000 desaparecidos registrados.
Irapuato es uno de los municipios más afectados por la violencia en Guanajuato, donde grupos criminales disputan territorios. Esta fosa es la tercera localizada en 2025, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Familias de víctimas exigen que las autoridades agilicen no solo las identificaciones, sino también las investigaciones para detener a los responsables.
El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, quien asumió el cargo en 2024 con promesas de mayor transparencia, enfrenta ahora el desafío de equilibrar el rigor procesal con las demandas sociales. Mientras, colectivos advierten que continuarán con búsquedas independientes y vigilarán que no haya retrocesos en el acceso a la información.
Las muestras de los restos no identificados serán cotejadas con el banco de datos genéticos del país. La Fiscalía mantiene abiertos “canales de comunicación” con familias, pero estas piden protocolos claros y acompañamiento psicológico durante el proceso. El caso reabre el debate sobre la necesidad de reformas legales que obliguen a informar hallazgos de fosas en plazos definidos, una demanda histórica de organizaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, en La Calera, vecinos relatan que la finca donde se encontraron los cuerpos llevaba años abandonada, sin que nadie sospechara su macabro contenido. Para las familias de desaparecidos, cada fosa descubierta representa una esperanza y una herida: la posibilidad de encontrar respuestas y el dolor de confirmar sus peores temores.
