Grupo Salinas afirmó este día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó sus argumentos en diversos procesos fiscales, en una decisión que, según la empresa, se emitió este jueves, obedeciendo instrucciones del Ejecutivo Federal y vulnerando derechos humanos, lo que —sostuvo— obliga a la compañía a recurrir a otras vías, incluso internacionales, para exigir la protección de sus derechos. La empresa señaló que las resoluciones derivan de más de doce años de litigios en los que denuncia acoso político, campañas de desprestigio y hostigamiento administrativo contra su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
En su posicionamiento, Grupo Salinas sostuvo que los ministros de la Suprema Corte “asestaron un golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho”, al considerar que la decisión fue “abiertamente violatoria” de sus derechos humanos. De acuerdo con el grupo empresarial, los argumentos que presentó fueron completamente desechados en esta instancia, lo que atribuye a una ejecución puntual de instrucciones provenientes del Ejecutivo Federal.
La empresa señaló que los ministros “omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico” y no consideraron lo que califican como un acoso político en su contra. Indicó que este proceso, que describe como “el litigio público más relevante de la historia reciente”, incluye procesos judiciales iniciados hace más de una década, menciones públicas en conferencias matutinas, campañas de desprestigio, hostigamiento administrativo y lo que identifica como un linchamiento mediático dirigido a su presidente fundador.
Grupo Salinas afirmó que entre los ministros “no hubo un solo cuestionamiento” a lo que describe como el guion proveniente de Palacio Nacional. Asimismo, acusó a ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos de actuar con falta de imparcialidad, señalando que sus decisiones estuvieron motivadas por prejuicio y resentimiento hacia Ricardo Salinas Pliego.
En el mismo documento, la empresa señaló que las decisiones tomadas en esta sesión no son casualidad, pues asegura que fueron adoptadas por ministros que, según su postura, fueron “impuestos mediante una reforma judicial autoritaria” derivada de un proceso electoral con baja participación ciudadana, promovido —en su descripción— por MORENA y el Ejecutivo Federal. De acuerdo con el grupo, dicha reforma tuvo como objetivo “eliminar contrapesos, destruir la democracia y controlar por completo al Estado mexicano”.
Ante las resoluciones emitidas, Grupo Salinas anunció que acudirá a otras vías, incluso internacionales, para garantizar la protección de lo que considera sus derechos humanos vulnerados. Afirmó que buscará la eliminación de cobros dobles que califica como inconstitucionales, así como multas que describe como desproporcionadas. También indicó que presentará pruebas de lo que considera una persecución política sistemática en contra de su presidente fundador, así como del actuar de la actual administración federal.
El grupo empresarial señaló que continúa a la espera de una respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la cuantificación de sus créditos fiscales. Aseguró que ha solicitado dicha información bajo los criterios que, afirma, debe aplicar la autoridad conforme a derecho y a sus propias resoluciones, sin cobros dobles. Según la empresa, el silencio administrativo y la dilación en sus procesos confirman una motivación política detrás de las acciones del gobierno federal.
En su mensaje, Grupo Salinas advirtió que, desde su perspectiva, las consecuencias de las resoluciones emitidas trascienden a la compañía y sus empresas, pues considera que con ellas se legitimó la violación de derechos humanos de ciudadanos, trabajadores y otras organizaciones. Afirmó que los fallos avalan cobros que califica como inconstitucionales e inmorales, sin ofrecer garantías ni mecanismos de defensa adecuados.
Finalmente, la empresa afirmó que estas decisiones generan un precedente que considera preocupante, pues sostiene que envían una señal negativa para las inversiones en México al permitir que las reglas cambien según la persona a la que se apliquen. Señaló que seguirá defendiendo lo que considera justo y reiteró que no cederá ante lo que describe como extorsiones abusivas e ilegales, indicando que continuará su postura pública y jurídica ante las autoridades competentes.
