La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió por segunda vez un oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitando que retire de su lista de asuntos próximos a resolver el expediente relacionado con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que declaró violatorias las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo. Raúl Armando Jiménez Vázquez, consejero adjunto, argumentó que el tema debe resolverse mediante “coordinación institucional” y no por vía judicial.
El caso en cuestión se deriva de la sentencia García Rodríguez vs México, emitida en abril de 2023 por la CoIDH, que ordenó al Estado mexicano reformar su Constitución para eliminar la prisión preventiva automática y garantizar que su aplicación sea siempre justificada mediante valoración judicial. La resolución internacional consideró que ambas figuras violan derechos humanos fundamentales.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ponente del caso en la SCJN, preparó un proyecto que propone declarar la inaplicación de estas figuras para alinear la legislación mexicana con los estándares internacionales. Sin embargo, el Ejecutivo federal ha insistido en que la Corte no debe resolver el asunto hasta que asuman los nuevos ministros electos en septiembre.
Esta es la segunda ocasión en que el gobierno federal intercede para frenar el análisis del tema. En mayo de 2025, la Consejería Jurídica ya había solicitado que se retirara el proyecto argumentando que la decisión debía corresponder a la nueva integración de la Corte.
Además del Ejecutivo, gobiernos estatales, fiscalías y secretarías como Seguridad, Defensa y Marina han manifestado su oposición a eliminar estas figuras. El 25 de junio, la SCJN retiró temporalmente el caso de su agenda, pero lo reinscribió al día siguiente, lo que sugiere tensiones al interior del pleno.
El gobierno federal enfrenta un dilema: si la SCJN declara la inaplicación de estas figuras, se adelantaría a una eventual reforma constitucional; pero si ignora la sentencia de la CoIDH, México podría enfrentar sanciones internacionales por incumplimiento.
Por otro lado, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat tiene bajo su ponencia una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra la prisión preventiva oficiosa, donde propone que los jueces tengan facultad para analizar su aplicación sin depender de solicitudes del Ministerio Público.
