La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rechazó enérgicamente el aumento unilateral del 7% en tarifas anunciado por Uber, implementado a solo 15 días del inicio del programa piloto de la Reforma Laboral en Plataformas Digitales. Este miércoles, la dependencia federal anunció que, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), desplegará operativos nacionales para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y sancionar posibles abusos tarifarios. La medida busca proteger a usuarios y repartidores ante lo que calificaron como una decisión “irresponsable e injustificada”.
La STPS destacó que Uber incumplió compromisos adquiridos con el gobierno al aplicar este incremento sin existir aún una estimación precisa sobre los costos operativos derivados de la reforma, que busca incorporar a 300 mil trabajadores digitales al régimen del IMSS. En un comunicado, la secretaría subrayó que las plataformas como Uber extraen riqueza de los repartidores, quienes asumen gastos de herramientas y equipos, mientras las empresas evaden responsabilidades laborales.
Este conflicto ocurre en paralelo a las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia DiDi, otra plataforma que se habría negado a sumarse al programa de seguro social para repartidores. La mandataria acusó a la empresa china de violar la nueva ley laboral, que pretende garantizar derechos básicos como salud y pensiones a este sector.
Expertos señalan que la resistencia de las empresas refleja tensiones entre el modelo de economía gig —basado en flexibilidad laboral— y la política del gobierno de regular el sector digital. Mientras Uber argumenta que el aumento cubrirá supuestos mayores costos, autoridades insisten en que no hay sustento para trasladar estos gastos a usuarios, pues la reforma aún está en fase piloto.
Los operativos de la STPS y Profeco comenzarán esta semana en principales ciudades, donde verificarán que las tarifas cumplan con transparencia y justificación económica. Sanciones podrían incluir multas millonarias o incluso la suspensión temporal del servicio si se comprueban violaciones a derechos de consumidores.
