La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche solicitó formalmente a la Cámara de Diputados el desafuero del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, por su presunta participación en actos de corrupción durante su gestión como gobernador. La petición, entregada el 23 de julio, argumenta que el priista habría cometido los delitos de uso indebido de atribuciones y peculado por un probable desvío de 83 millones 508 mil pesos del erario estatal.
La solicitud de declaración de procedencia fue turnada a la Secretaría General de la Cámara Baja e incluye cuatro carpetas de investigación judicializadas que detallan distintos esquemas de corrupción presuntamente operados durante el mandato de Moreno Cárdenas (2015-2021). En estas investigaciones figuran otras 17 personas relacionadas, principalmente exfuncionarios de su administración, varias de las cuales ya fueron vinculadas a proceso. Al menos dos testigos obtuvieron criterio de oportunidad por colaborar con las autoridades.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó a través de sus redes sociales la presentación del documento, paso legal necesario para que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados determine si retira el fuero constitucional al legislador y permita que enfrente procesos penales. De prosperar la solicitud, Moreno Cárdenas sería el segundo senador priista en perder su inmunidad parlamentaria en lo que va del año, después de Jorge Toledo, exgobernador de Oaxaca.
Los presuntos actos de corrupción investigados corresponden al periodo en que Moreno Cárdenas gobernó Campeche. Las carpetas judicializadas revelan un patrón de irregularidades en el manejo de recursos públicos que habría beneficiado a una red de colaboradores cercanos al exmandatario. El monto total de los presuntos desvíos podría incrementarse conforme avancen las investigaciones, según fuentes cercanas al caso.
El senador Moreno Cárdenas, actual presidente del CEN del PRI, no ha emitido declaración alguna sobre la solicitud de desafuero. Sin embargo, en el pasado ha negado categóricamente cualquier acto de corrupción durante su gestión, atribuyendo las acusaciones a persecución política. Su silencio en esta ocasión contrasta con su habitual disposición a enfrentar públicamente este tipo de señalamientos.
El proceso de desafuero en la Cámara de Diputados podría prolongarse varias semanas, dependiendo de la complejidad del caso y de los recursos legales que presente la defensa del senador. La Sección Instructora deberá analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía de Campeche antes de emitir su recomendación al pleno, que tomará la decisión final por mayoría calificada.
