La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ha logrado concretar 27 acuerdos reparatorios con familiares de las personas afectadas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, ocurrida hace casi dos meses en la alcaldía Iztapalapa, un siniestro que dejó 32 personas fallecidas y decenas de heridos.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, donde la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde, detalló que la dependencia ha avanzado en el proceso de atención y compensación a las víctimas de la tragedia, celebrando los acuerdos conforme al marco legal y con acompañamiento de las áreas especializadas.
La fiscal Bertha Alcalde explicó el procedimiento que se ha seguido para llegar a estos acuerdos, enfatizando que el proceso se realiza con pleno respeto a la voluntad de las familias. “Se han celebrado, ya, 27 acuerdos reparatorios, relacionados con este incidente, y la idea es dar continuidad a las sesiones de mediación, siempre tomando en cuenta lo que quieren las víctimas; escuchándolas con toda la información disponible”, señaló la funcionaria durante su intervención. Asimismo, agregó que “Se están llevando a cabo sesiones de acompañamiento con facilitadores, con asesores jurídicos; con toda la información disponible, para las víctimas”, asegurando un marco de apoyo integral durante las negociaciones.
El trágico evento que motiva estas compensaciones ocurrió el 31 de agosto de 2025, cuando una pipa de gas LP explotó al circular por el puente vehicular de La Concordia, ubicado en los límites de Iztapalapa y Nezahualcóyotl. La deflagración y el intenso fuego resultante alcanzaron múltiples vehículos particulares y viviendas aledañas al puente, generando una escena de devastación. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos en su momento por la Secretaría de Salud de la CDMX, el saldo final de la tragedia ascendió a 32 personas fallecidas y más de 50 lesionadas con diversos grados de gravedad, además de cuantiosos daños materiales en infraestructura y patrimonio de los vecinos.
Un mes después de la explosión, el 10 de octubre, la Fiscalía capitalina emitió las primeras conclusiones oficiales sobre la causa del accidente. Tras las investigaciones correspondientes, se determinó que la causa directa fue la falta de pericia del conductor de la pipa, combinada con el exceso de velocidad al momento de transitar por la estructura vial. Este hallazgo apuntó a un error humano como el desencadenante principal del siniestro, descartando inicialmente fallas estructurales en el puente o en el propio vehículo de transporte de gas licuado de petróleo.
La magnitud de la tragedia generó un amplio cuestionamiento social y mediático sobre la eficacia de los protocolos de seguridad vigentes y la capacidad de respuesta de las autoridades locales ante emergencias de gran escala. La ciudadanía y expertos en seguridad demandaron acciones concretas para prevenir la recurrencia de hechos similares. En respuesta a esta presión y como medida de prevención, el Gobierno capitalino anunció el 30 de septiembre un paquete de reformas al Reglamento de Tránsito y otras disposiciones legales complementarias, con el objetivo expreso de reforzar la regulación del transporte de materiales y sustancias peligrosas dentro de la Ciudad de México, buscando establecer controles más estrictos y protocolos de inspección más rigurosos para este tipo de vehículos de carga.
