La Procuraduría General de Brasil solicitó formalmente la condena del expresidente Jair Bolsonaro por cinco delitos relacionados con un presunto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. El fiscal general Paulo Gonet presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) acusaciones que incluyen organización criminal, intento de abolición violenta del Estado democrático y golpe de Estado, en lo que podría convertirse en un juicio histórico para la democracia brasileña.
El documento presentado por Gonet describe un plan sistemático donde Bolsonaro habría liderado una “organización criminal armada” para mantenerse en el poder. Según la Fiscalía, el expresidente presionó a mandos militares, orquestó un decreto presidencial ilegal, movilizó simpatizantes y utilizó recursos estatales para difundir desinformación electoral.
El fiscal vinculó directamente a Bolsonaro con los ataques del 8 de enero de 2023, cuando seguidores del expresidente invadieron edificios gubernamentales en Brasilia. “No solo no los frenó, sino que los alentó moral y logísticamente”, afirmó Gonet, quien también acusó al exmandatario de intentar neutralizar instituciones como el propio STF y el Tribunal Superior Electoral.
De ser declarado culpable, Bolsonaro enfrentaría más de 40 años de prisión y la inhabilitación política permanente. El juez relator Alexandre de Moraes ya había aceptado la denuncia en marzo, considerando que existían “indicios razonables” de los delitos. El juicio está programado para los próximos meses, con una decisión final esperada para septiembre.
La defensa de Bolsonaro calificó las acusaciones como “persecución política” y aseguró que el expresidente siempre actuó “dentro de los límites constitucionales”. Sin embargo, el escándalo ya ha alcanzado a ex altos funcionarios de su gobierno, incluidos ministros, militares retirados y el exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem.
En los próximos días, el juez Moraes citará al teniente coronel Mauro Cid, exayudante clave de Bolsonaro, para presentar su testimonio. Posteriormente, la defensa de los acusados tendrá 15 días para presentar sus alegatos finales antes de que el caso sea enviado al pleno del STF para sentencia definitiva.
