El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó la apertura de una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos recibidos de empresarios israelíes vinculados a la compra del software de espionaje Pegasus. La indagatoria se basa en nuevas evidencias que señalarían pagos irregulares durante la adquisición del polémico programa usado para espiar periodistas y activistas.
Gertz Manero explicó que aunque desde 2018 existían denuncias contra el expresidente, solo ahora se cuenta con “informes específicos claros, muy precisos” sobre presuntas irregularidades en la compra del software a la empresa israelí NSO Group. Las nuevas acusaciones provienen de declaraciones de empresarios israelíes que involucrarían directamente a Peña Nieto.
“El expresidente ya dio una respuesta, nosotros ya abrimos una carpeta”, declaró el fiscal en conferencia de prensa, refiriéndose a las recientes declaraciones públicas del exmandatario negando cualquier irregularidad. La FGR prepara solicitudes formales de colaboración a Israel para obtener las declaraciones completas de los empresarios.

El titular de la FGR admitió las dificultades en la cooperación con autoridades israelíes: “Nuestra relación con esas autoridades no ha sido fácil”. México buscará formalizar el acceso a las declaraciones que hasta ahora solo se han difundido en medios, para incorporarlas como evidencia en la investigación.
El software Pegasus saltó a la fama en 2017 cuando organizaciones civiles documentaron su uso para espiar a más de 50 personas en México, incluidos investigadores del caso Ayotzinapa y periodistas críticos al gobierno. Las revelaciones mostraron que el programa podía acceder a teléfonos móviles sin dejar rastro.
En 2020, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que México había sido el mayor comprador mundial de Pegasus, con un gasto estimado en 32 millones de dólares. Las nuevas acusaciones sugieren que parte de estos recursos pudieron haber sido desviados.
Organizaciones civiles como Article 19 y R3D han exigido una investigación exhaustiva, recordando que las víctimas del espionaje siguen esperando justicia. El caso podría convertirse en el proceso penal más relevante contra un expresidente mexicano en décadas, dependiendo de las pruebas que logre reunir la FGR.