La Fiscalía General de la República rechazó este jueves las declaraciones públicas que buscan desacreditar su actuación en el proceso contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se declaró culpable en una corte federal de Illinois, Estados Unidos. La dependencia mexicana calificó dichas declaraciones como “descalificaciones injustas” motivadas por el “oportunismo mediático” y sin sustento probatorio.
En un comunicado difundido tras la audiencia judicial en la que Ovidio Guzmán López aceptó su culpabilidad por delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República expresó su total rechazo a los señalamientos que consideran dolosos e irresponsables.
La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero reiteró que cualquier ciudadano o actor que tenga conocimiento de posibles delitos cometidos en México o por autoridades mexicanas tiene la obligación legal de presentar las denuncias correspondientes y aportar pruebas.
“Quien no lo haga incurre en una infracción legal por ello”, advirtió la institución, dejando claro que el sistema jurídico mexicano garantiza la libertad de denuncia, pero también exige responsabilidad al hacerlo.
Ovidio Guzmán López fue detenido por fuerzas especiales del Ejército Mexicano en septiembre de 2023. Durante el operativo, diez elementos militares perdieron la vida. Tras su captura, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos ante una corte del estado de Illinois.
Durante los últimos dos años, el caso avanzó entre procedimientos judiciales, negociaciones y audiencias aplazadas. Finalmente, en la más reciente audiencia, el acusado se declaró culpable de los principales cargos que se le imputaban, relacionados con el tráfico internacional de drogas, particularmente fentanilo, así como con su participación en una estructura criminal transnacional.
Según la Fiscalía estadounidense, Ovidio Guzmán colaborará con las autoridades como testigo en otros procesos judiciales que involucren a miembros de organizaciones delictivas.
La FGR subrayó que los resultados obtenidos en el caso de Ovidio Guzmán derivan directamente del trabajo realizado por las autoridades mexicanas. Destacó que fue en México donde se obtuvieron las órdenes de aprehensión originales y se ejecutó la detención del acusado, lo cual permitió su eventual extradición.
Estos actos, señaló la Fiscalía, reflejan el compromiso del Estado mexicano con el Estado de derecho y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
Además, el comunicado enfatiza que las tareas judiciales de México fueron el punto de partida para los procesos que hoy se desarrollan en Estados Unidos. “Todos esos resultados tienen como origen fundamental el compromiso y las tareas realizadas por las autoridades mexicanas”, sostiene el texto.
Tras la declaración de culpabilidad, la Fiscalía Federal de Estados Unidos propuso una pena de prisión de por vida para Ovidio Guzmán. Además, solicitó una multa aproximada de 80 millones de dólares como parte de la sentencia.
Estas medidas buscan establecer una respuesta contundente ante el impacto del tráfico de drogas y la violencia generada por organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa, en el cual Guzmán López desempeñó un papel clave.
La postura estadounidense también se enmarca en su estrategia para desmantelar a los grupos responsables de la crisis de opioides, particularmente el fentanilo, droga que ha generado una emergencia de salud pública en ese país.
Ante los señalamientos surgidos en torno al juicio de Ovidio Guzmán, la Fiscalía General de la República enfatizó su compromiso con el cumplimiento de la ley, tanto en el ámbito nacional como en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos.
Al rechazar lo que llamó “oportunismo mediático”, la institución hizo un llamado a quienes tengan información relevante o pruebas de delitos a presentarlas formalmente ante las instancias legales. “Estamos en disposición de recibir y documentar cualquier denuncia al respecto”, aseguró la dependencia.
La FGR también dejó en claro que ningún ciudadano está exento de la obligación de denunciar delitos de los que tenga conocimiento, y que acusaciones sin pruebas constituyen un acto contrario a la legalidad.
